Aunque Mariano Rajoy y la dirección del PP lo niegan, la dimisión de Esperanza Aguirre supone un duro golpe para este partido y para la derecha española. Solo ella sabe si ha adoptado ahora esta decisión para dar tiempo a que su sustituto pueda prepararse para ganar las elecciones autonómicas de 2015 o, como dicen quienes la consideran retorcida y malévola, si ha elegido este momento de grave crisis económica para asestar un buen golpe a un presidente del Gobierno con el que no se llevaba bien y de quien ha discrepado abiertamente en distintas ocasiones.
Llegó a ser presidenta de la Comunidad de Madrid en 2003, gracias a que dos diputados socialistas traicionaron a su partido y se convirtieron en tránsfugas al votar, con lo que evitaron que gobernaran el PSOE e Izquierda Unida. Pero es de justicia reconocer que, desde entonces, Aguirre ha ganado tres elecciones seguidas con abrumadoras mayorías absolutas.
Tras su dimisión, casi todo han sido elogios hacia ella, porque no se puede negar que es un verdadero “animal político” y que, con su populismo y un lenguaje muy directo, ha sabido llegar a la ciudadanía y recabarse su apoyo. Pero hay cosas que conviene no olvidar, como éstas:
– ha favorecido descaradamente a los colegios concertados frente a los públicos;
– ha puesto en manos privadas parte de la gestión sanitaria, con el consiguiente perjuicio para este servicio público, mientras presumía de haber inaugurado más de una docena de hospitales;
– ha descalificado y arremetido contra los sindicatos y sus liberados, acusándoles sin pruebas de organizar todas las protestas que ha habido contra ella en sus visitas a centros hospitalarios y otros lugares –muchas las protagonizaron ciudadanos afectados por sus políticas, sin seguir directrices de los sindicatos-, después de haber permitido que aumentara por encima de lo que prevé la ley el número de liberados sindicales que ahora se va a reducir.
Esperanza Aguirre ha aplicado políticas liberal-conservadoras del estilo de Margaret Thacher, la «dama de hierro» que fue primera ministra del Reino Unido a la que ella tanto admira.
La gran duda es si su retirada es para siempre, como ha asegurado –su dimisión es “sin marcha atrás”, ha dicho-, o si esperará a que Rajoy se caiga con todo su equipo, ahogado por la crisis y por la asfixia a la que está sometiendo a la ciudadanía, para renacer ella y presentarse como la gran líder de la derecha capaz de dirigir al PP y de ser presidenta del Gobierno para salvar a España. Nunca se atrevió a dar el paso de disputar esas tareas a Rajoy. ¿Lo hará en el futuro?
RUIZ-GALLARDÓN SE QUITA LA CARETA
Hay semanas en las que las noticias de mucho interés informativo se acumulan una tras otra. Ésta es una de ellas.
El ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, una vez que ha sido nombrado de ministro –a lo que siempre aspiró- se ha quitado la careta de pertenecer a la derecha moderada y ha empezado a actuar como el ala más dura del PP. Porque puede ser necesario modificar el Código Penal en algunos aspectos, como ha anunciado, pero ha incluido dos propuestas que son de dudosa constitucionalidad y que han provocado muchos rechazos: instituir la “prisión permanente revisable” –una especie de cadena perpetua, que no permite la Constitución española- y establecer que una persona condenada pueda ser sometida a vigilancia durante 10 años, después de haber cumplido la pena, si se sospecha que puede volver a delinquir. Hasta el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, nada sospechoso de ser de izquierdas, ha criticado esta iniciativa en el acto solemne de apertura del Año Judicial.
Este tipo de propuestas suelen ser muy aplaudidas por un amplio sector de la ciudadanía, y especialmente por los familiares de las víctimas de crímenes tan repugnantes y odiosos como los que periódicamente son noticia de primera página. Pero un gobierno no debe legislar en función de la alarma social o el clamor que provoca un crimen, por muy respetables y comprensibles que sean –siempre deben serlo- las exigencias de esas familias para endurecer las penas. Las leyes, y mucho más el Código Penal, deden tener vocación de permanencia.
Muchos juristas coinciden en que nuestro Código Penal es de los más duros de Europa, con penas de hasta 40 años de cárcel de cumplimiento efectivo para los delitos más graves. Si prospera la propuesta del ministro, seguirá siendo el más severo pero, además, se convertirá en el más retrógrado desde un punto de vista democrático. Porque, no lo olvidemos, la Constitución establece que las penas se imponen para que el delincuente pueda arrepentirse y reinsertarse en la sociedad, por muy repugnante que sea el crimen que haya cometido. Se trata de aplicar justicia, no venganza.
EL REY Y SANTIAGO CARRILLO
La casualidad ha querido que el mismo día que el Rey don Juan Carlos ha utilizado por vez primera la nueva página web de la Casa Real para dar un toque de atención a los nacionalistas catalanes –aunque sin citarlos de manera expresa- haya fallecido Santiago Carrillo, exsecretario general del Partido Comunista de España (PCE).
El monarca, en un gesto excepcional porque nunca interviene públicamente en los asuntos políticos, ha hecho un llamamiento a recuperar los valores de la Transición –entre ellos, el espíritu de la reconciliación que representó especialmente Carrillo-. En clara alusión a CiU y a los nacionalistas catalanes, en su mensaje les dice que en un momento de crisis tan grave como el actual hay que actuar todos unidos en vez de “dividir fuerzas, alentar distensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas”.
De Santiago Carrillo, que ha muerto a los 97 años en su domicilio en Madrid, el rey ha dicho que fue “una persona fundamental para la democracia”. Políticos de distinto signo, desde la izquierda a la derecha más alejada del histórico líder comunista, han coincidido en destacar la enorme contribución de Carrillo al paso de la dictadura a la democracia.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Es más que probable que María Dolores de Cospedal participe en algunos mítines de su partido para las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, convocadas para el 21 de octubre. Cuando esto se confirme, los aficionados a los números podrán sumar unos cuantos días más a la ya abultada cifra de ausencias de la presidenta de Castilla-La Mancha de su despacho oficial en Toledo. Es lo que tiene hacer compatible ese cargo con el de secretaria general del PP.