El espectacular golpe que ha asestado la Policía española a las mafias chinas que operan en España demuestra dos cosas: la primera, que durante años ha fallado estrepitosamente la vigilancia aduanera, lo que ha permitido que entraran a diario por los puertos españoles grandes contenedores con mercancía procedentes de ese país sin pagar los aranceles que correspondía -muchas de ellas, falsificaciones de conocidas marcas- y que cada año salieran ilegalmente de España unos 300 millones de euros con destino a China, fruto de las ganancias obtenidas por los mafiosos en esta gigantesca red de fraude y contrabando; la segunda, que los ciudadanos chinos que desarrollen su actividad comercial aquí deben pagar los mismos impuestos y someterse a las mismas normas que los españoles.
Las cifras de la denominada «Operación Emperador», que han llevado a cabo más de 500 policías, son impresionantes: 83 detenidos -58 chinos, ocho de otras nacionalidades y 17 españoles, entre estos últimos un concejal del PSOE del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), un sargento de la Guardia Civil, un inspector de Policía y una funcionaria-, de cuatro y cinco millones de euros que sacaban cada mes de España en metálico, unos 300 millones de euros blanqueados al año en paraísos fiscales, 12 millones incautados en dinero, además de armas y joyas, 108 registros en domicilios y empresas, más de 350 embargos a empresas y particulares, 200 vehículos incautados… Y la operación continúa abierta, lo que hace prever que esas cifras aumentarán.
HAY CHINOS… Y CHINOS
Hay que decir, para empezar, que esos detenidos tienen todo el derecho a la presunción de inocencia, por lo que habrá que esperar a que el juez investigue los hechos y, si procede, sean juzgados y condenados o absueltos.
Y hay que añadir, para continuar, que este caso no debe dar pie a generalizar y afirmar eso tan habitual y erróneo de que todos los chinos vienen a España a competir en condiciones ventajosas con los comerciantes españoles, a no pagar impuestos y a llevarse las ganancias a su país. Hay comerciantes chinos que trabajan mucho, que ganan honradamente su dinero, que lo tienen depositado en bancos españoles y que pagan impuestos como cualquier hijo de vecino.
Pero también hay que decir que los pequeños comerciantes españoles tienen motivos más que de sobra para quejarse de la competencia de muchos comerciantes chinos, que no de todos. Porque, ¿quién puede tener abierto su comercio hasta la medianoche o más, y todos los días del año, si no contrata empleados para atenderlo? ¿Qué tienda familiar puede permitirse pagar algún sueldo en tiempos de crisis como los actuales? ¿Quién puede vender alcohol a menores y fuera de las horas permitidas, sin exponerse a la visita de la Policía y la correspondiente sanción? Por lo que se ve a diario, parece que eso lo pueden hacer únicamente los comerciantes chinos.
Hace algo más de una década los chinos empezaron a instalar en las ciudades españolas las conocidas tiendas de «Todo a 100», abiertas a cualquier hora y en cualquier día. Después han llegado las tiendas de ropa barata, situadas sospechosamente en grandes locales de costosos alquileres que sólo se puede permitir un negocio si es muy próspero; las pequeñas tiendas de alimentación, cuyos horarios infinitos han obligado a cerrar a centenares de comercios tradicionales porque no podían competir con ellos; peluquerías y otros negocios, abiertos también durante horas y horas tanto entre semana como en domingos y festivos.
VENTAS AL CONTADO Y SIN COBRAR EL IVA
Como dice el refrán, no hay que mezclar las churras con las merinas. En este caso, no es lo mismo el pequeño comercio del chino de la esquina que vende productos alimenticios a cualquier hora del día o de la noche que los más de 400 almacenes del polígono industrial Cobo Calleja, de Fuenlabrada -el mayor de Europa-, donde unas 400 empresas chinas venden al por mayor todo tipo de mercancías, casi todas ellas cobradas al contado, sin dar factura y, por supuesto, sin cobrar el IVA ni pagar impuestos
Las autoridades españolas deberían actuar en los dos terrenos, pero en cada uno de ellos como corresponde: en los pequeños comercios, haciendo que respeten las normas legales españolas sobre horarios, condiciones higiénicas de los locales y productos que pueden vender; en los grandes almacenes, luchando contra el fraude fiscal, el contrabando y la falsificación de marcas –como se ha hecho con esta «Operación Emperador»-, lo que les permite vender su mercancía más barata y llevarse las ganancias a China para beneficio de las mafias.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Aunque muchos pólíticos nos sorprenden a diario con sus declaraciones, hacía mucho tiempo que no se escuchaba una tontería tan grande como la que ha soltado el consejero de Educación castellanomanchego, Marcial Marín.
Dice qe los estudiantes no tienen derecho a hacer huelga, porque sólo la pueden llevar a cabo los trabajadores que tienen un contrato con una empresa o con la Administración. O Marín desconoce la vigente Ley de Educación, lo que sería grave, o prefiere no tenerla en cuenta, lo que sería aún más grave.
Porque en ella se establece que si los alumnos a partir de tercer curso de la ESO deciden no asistir a clase y lo comuican a la dirección de su centro, no cometerán una falta ni podrán ser sancionados. Pero, por encima de eso, está el sentido común: ¿acaso el consejero considera lógico, como ha dicho, que los padres deban firmar un escrito en el que autoricen a sus hijos a hacer huelga para que lo entreguen a la dirección?
Vivir para ver…