El exalcalde de Toledo Agustín Conde, del PP, era hasta hace ocho meses el número dos de María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa y ahora ha sido nombrado director general de la empresa armamentística Escribano Mechanical & Engineering. Esta compañía se vio muy beneficiada por un convenio que firmó con ese Ministerio cuando él era secretario de Estado, pero se ha considerado que eso no vulnera la ley de incompatibilidades, que obliga a los altos cargos a esperar dos años desde que cesan para poder entrar en una empresa privada. Aunque han concluido que es legal que él no espere dos años, no es ético. Y queda feo, muy feo.

El Gobierno del PP aprobó un proyecto para desarrollar los programas tecnológicos del futuro carro blindado 8×8 del Ejército, que fue adjudicado a una unión temporal de tres empresas (UTE). Posteriormente, en noviembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de ese proyecto que benefició a la compañía citada, que preside Ángel Escribano, lo que obligó a elevar el presupuesto en 2,6 millones de euros, según ha publicado el diario El País.

La ley establece que los altos cargos, durante dos años desde que dejan su cargo público, no podrán trabajar en empresas privadas que se hayan visto afectadas por decisiones en las que ellos hayan participado. Agustín Conde ha preguntado a la Oficina de Conflictos de Intereses y le han dicho que su caso no vulnera esa ley, por lo que puede ser nombrado director general de la citada compañía armamentística aunque han transcurrido solo unos meses desde que cesó como secretario de Estado.

¿Dónde está el truco?

Habrá quien se pregunte dónde está el truco para que el exalcalde toledano no tenga que esperar dos años. Pues resulta que, aunque Agustín Conde era el responsable de las políticas de armamento y material en el ministerio que dirigía María Dolores de Cospedal, cuando el Gobierno modificó el proyecto citado él no firmó el nuevo convenio sino que lo hizo el subdirector de adquisiciones de la Dirección de Armamento y Material, un departamento que dependía de la Secretaría de Estado de Conde. Además, ese contrato no fue suscrito con la compañía Escribano sino con la UTE de tres empresas: Santa Bárbara, Indra y Sapa.

Agustín Conde, que además de alcalde de Toledo ha sido presidente del PP de Castilla-La Mancha, senador y diputado, ha declarado a El País que lo que pueda hacer y no pueda hacer un alto cargo «lo marca la ley, y su interpretación no le corresponde a la prensa sino a un organismo que depende de un Gobierno que, además, no es el mío y ya se ha pronunciado». Tiene razón. Pero olvida que, en democracia, la prensa debe informar con rigor y veracidad a la ciudadanía de todo lo que sea de interés público, y eso obliga a denunciar las actividades de los representantes de la vida pública tanto cuando son ilegales como también cuando chocan con la ética que se le debe exigir a cualquier político o son incoherentes con lo que predica.

En la vida política española siempre han existido las llamadas puertas giratorias. Son esas puertas imaginarias por las que han cruzado muchos políticos que, al dejar su cargo público, han sido fichados con suculentos sueldos por empresas privadas que antes se habían visto beneficiadas por decisiones o acuerdos del departamento que dirigían esos políticos.

Otra ocurrencia de Pablo Casado y Albert Rivera

Decisiones como ese nombramiento de Conde, y también las ocurrencias y promesas para no cumplir que algunos dirigentes políticos hacen casi a diario en esta época de precampaña electoral -además de los casos de corrupción que no terminan, los problemas internos de todos los partidos o la vergonzosa manera en que algunos anteponen su interés personal o de su partido al interés general-, hacen que muchos ciudadanos estén más que hartos. Y eso no es bueno, porque quienes se dedican a la política son precisamente quienes deben mejorar la vida de esa ciudadanía.

Hablando de ocurrencias, llama la atención una de las últimas de Pablo Casado y Albert Rivera. El PP ha solicitado a la Junta Electoral Central que, durante la precampaña electoral y hasta que se celebren las votaciones, suspenda las ruedas de prensa semanales posteriores al Consejo de Ministros en las que el Gobierno explica los acuerdos que adopta. Dice que esas comparecencias están siendo utilizadas para hacer propaganda de las medidas de carácter social que adopta el Gobierno mediante decretos ley, y que la Ley Electoral lo prohíbe. Ciudadanos ha coincidido con el PP y ha anunciado que también están dispuestos a recurrir ese asunto ante la JEC.

¿Qué pretenden? ¿Que durante los próximos tres meses el Gobierno no informe a la ciudadanía de los acuerdos que aprueba? Es lógico que PP y Ciudadanos quieran echar a Pedro Sánchez de La Moncloa, porque para eso se presentan a las elecciones generales, pero pasarse de frenada para intentar alcanzar ese objetivo puede provocarles un accidente electoral el 26 de mayo. La ciudadanía no es tonta y, a juzgar por algunas ocurrencias que se están escuchando en esta precampaña, parece que algunos líderes opinan que sí lo es.