La semana pasada, unos días antes del inicio del curso en los colegios, Adela y Alberto fueron a comprar el material escolar para sus dos hijos. Tuvieron que pagar más que el año pasado, porque el Gobierno del PP ha subido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4 por 100 al 21 por 100 en los blocs, cartulinas, portalápices, compases, plastilinas, témperas, forros para los libros, mochilas y otros productos.
Luis acaba de recibir las facturas de la luz y el teléfono y ha visto que son más elevadas de lo habitual, pese a que su familia ha consumido prácticamente lo mismo que en los meses anteriores. ¿Por qué? Porque el Gobierno del PP ha subido el IVA del 18 por 100 al 21 por 100 y, además, ha acordado que ese incremento se aplique ya este mes, aunque las facturas corresponden al consumo realizado en julio y agosto, es decir antes del 1 de septiembre, fecha en que ha entrado en vigor la subida de este impuesto. Cuando le llegue la del gas le ocurrirá lo mismo.
María y Carlos van a reformar su vivienda este otoño, porque no han podido hacerlo antes, y saben que les va a costar varios cientos de euros más porque la subida del IVA también afecta a los electrodomésticos, aparatos sanitarios, puertas, armarios, pinturas y un largo etcétera.
Dolores ha firmado la compra de una casa, pero no comenzarán a construirla hasta el año próximo. Como no la va a adquirir antes del 31 de diciembre de este año no va a pagar el 4 por 100 de IVA -el tipo superreducido que fijó el Gobierno de Zapatero hasta esa fecha, para animar el sector de la vivienda- sino el 10 por 100.
PAGAR MÁS POR LAS MEDICINAS
Juan, un jubilado que malvive con apenas 400 euros al mes de pensión, cada vez que acude a la farmacia tiene que pagar más dinero que antes por las pastillas que necesita para la tensión y para otros achaques crónicos propios de su edad.
Además, desde el 1 de septiembre es más caro ir al cine o al teatro, viajar en cualquier medio de transporte, comprar flores, acudir a un gimnasio o comprar ropa y otros muchos productos, por citar sólo unos ejemplos, debido a la subida del IVA.
Por si todo esto fuera poco, la gasolina y el gasóleo han alcanzado precios históricos -por elevados, claro-, el precio del aceite de oliva se ha incrementado en origen un 40 por 100, lo que repercutirá en su importe para el consumidor, y así se podría seguir con una larga lista de encarecimientos.
Cuando Mariano Rajoy estaba en la oposición criticó duramente a Zapatero porque subió el IVA -mucho menos que él ahora- y aseguró, una y otra vez, que si llegaba a gobernar nunca incrementaría este impuesto. No ha cumplido su palabra ni su programa electoral, tampoco en esto, y lo ha subido porque dice que era «imprescindible» hacerlo para mantener todos los logros del Estado del Bienestar.
En Izquierda Unida piensan lo contrario, como en otros partidos, y desde que comenzó la crisis, hace cuatro años, han presentado en el Congreso numerosas propuestas para ahorrar y crear empleo, que siempre han sido rechazadas: antes por el PSOE y ahora por la mayoría absoluta del PP. Los socialistas también han planteado otras iniciativas, cuando se han quedado en la oposición, y tampoco han sido admitidas por los parlamentarios «populares».
La subida del IVA va a suponer que cada familia pagará cerca de 500 euros más al año, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), o 600 euros e incluso más según otras previsiones.
CASTIGO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Pero no acaban ahí las malas noticias para la ciudadanía. Los funcionarios y empleados públicos no van a cobrar la paga de Navidad, porque el Gobierno del PP ha decidido unilateralmente suprimirla. ¿Se imaginan que un empresario decide un día quitar una paga a sus trabajadores o rebajarles el sueldo sin negociarlo con el Comité de Empresa e incumpliendo lo que establece el convenio colectivo? Pues eso es lo que ha hecho el Gobierno con muchos miles de trabajadores públicos. Y no hace falta ser especialista en Economía para deducir que esta medida hará que las familias gasten menos en las fiestas navideñas, lo que no contribuirá a aumentar el consumo y crear empleo sino todo lo contrario.
Rajoy está empeñado, casi únicamente, en reducir el déficit público hasta los niveles que nos exige la Unión Europea y ha reclamado del Banco Central Europeo (BCE) que compre deuda pública española para que cese el ataque de los mercados a nuestro país y baje la prima de riesgo. Ha hecho bien en presionar en esa dirección, porque el ataque feroz y especulativo de los mercados a España e Italia no es justo ni se corresponde con la situación económica real de estos dos países.
Y lo ha conseguido: el BEC ha anunciado que comprará nuestros bonos, siempre que España solicite a Europa que nos «rescate» y cumpla las condiciones que nos impongan desde Bruselas, y la ya popular prima de riesgo ha bajado significativamente. Ha hecho bien el presidente, pero eso no es suficiente. Desde la todopoderosa Alemania ya le han dicho que lo prioritario debe ser la creación de empleo, y ésta sigue siendo la asignatura pendiente del Ejecutivo español, empeñado en recortar y recortar para reducir el déficit: recortes en Educación, en Sanidad, en dependencia, en la atención a los inmigrantes sin documentación, en el salario de los empleados públicos… y los recortes que ahora fije la Unión Europea, a cambio de ayudarnos.
Con este panorama, los próximos meses no van a ser únicamente lo que se conoce como un «otoño caliente», sino que va a ser un otoño al rojo vivo. Viviremos manifestaciones -la primera será el sábado 15 de septiembre, la Marcha sobre Madrid que han convocado CC.OO. y UGT, con el apoyo de varios centenares de organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas de todo tipo-, concentraciones, acampadas, encierros, protestas, recogida de firmas, manifiestos…
Algunos medios de comunicación ya han iniciado sus habituales campañas de desprestigio contra los sindicatos -que tienen muchas cosas criticables, claro que sí, pero que son imprescindibles en un sistema democrático-, porque consideran que estas previsibles acciones de protesta en plena crisis son un ataque a la democracia. No es así. Son el legítimo derecho de una ciudadanía que está más que harta a decirle al Gobierno en la calle que debe cambiar de política si quiere que España salga de la difícil situación en la que se encuentra y que sólo con recortes no va a resolver la crisis ni va a crear empleo. Sólo hay que pedir que, sean las protestas que sean, siempre se lleven a cabo de manera legal y pacífica.
Y EN CASTILLA-LAMANCHA… Alguno de los asesores de María Dolores de Cospedal debería haberle recordado -antes de que planteara en las Cortes regionales su demagógica propuesta de no pagar un sueldo a los diputados autonómicos- que en el Reino Unido, donde tienen mucha más experiencia que España en democracia y en parlamentarismo, en 1838 nació un movimiento llamado cartismo, que reclamaba un sueldo para los diputados con el fin de que los trabajadores pudieran participar en política, y que se suprimiera la obligación de tener propiedades que entonces se exigía para poder estar en el Parlamento.
La iniciativa de la presidenta de Castilla-La Mancha podría conducir a que solamente los ricos se dediquen a la política, además de abrir la vía a posibles corrupciones y corruptelas para ganar más dietas. Como hace un par de siglos, vaya.