Por primera vez en la historia de la democracia española, una persona de la Familia Real, la infanta Cristina Federica de Borbón y Grecia, tendrá que declarar ante el juez que la ha citado como imputada por un delito fiscal y otro de blanqueo de dinero -salvo que la Audiencia Provincial de Palma acepte su recurso y anule esta citación, como ya hizo en abril pasado, algo que ahora parece poco probable-. Es una buena noticia para ella, para la Monarquía y para los ciudadanos.
Es una buena noticia para ella, porque así tendrá la oportunidad de explicar, asistida por sus abogados, si ha tenido o no alguna relación con las actividades presuntamente delictivas que el juez José Castro atribuye a su marido, Iñaki Urdangarín, al que acusa de haberse aprovechado de ser el yerno del Rey para obtener muchos millones de euros de dinero público -procedente, sobre todo, de contratos con los anteriores gobiernos autonómicos del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana-, en beneficio propio y de su socio, Diego Torres.
Es una buena noticia para la Monarquía, que necesita buenas noticias como agua de mayo, porque cuanto antes concluya la investigación judicial del llamado caso Urdangarin, que se prolonga ya desde hace tres años y medio, antes dejará este asunto de dañar a una institución que en los últimos tiempos viene padeciendo un importante deterioro. Sólo en los 12 últimos meses, según una encuesta que ha publicado El Mundo, el apoyo a la Monarquía como sistema político ha caído cinco puntos y es ahora del 49,9 por 100, al mismo tiempo que aumenta el respaldo al príncipe Felipe. Y este desprestigio no se debe a que los partidarios de un sistema republicano hayan aumentado de repente en España, sino que se lo ha ganado a pulso en los últimos años la Casa Real, en buena parte gracias al propio monarca: la polémica cacería del Rey, la falta de transparencia en los gastos…
¿IGUALES ANTE LA LEY?
Es una buena noticia para la ciudadanía, también, porque convocar a la infanta para que declare como imputada, algo que mucha gente consideraba impensable hasta ayer mismo, es un paso importante para que se cumpla el artículo 14 de la Constitución, en el que se consagra ese principio tan conocido pero tan poco aplicado en la práctica de que «los españoles son iguales ante la ley».
Antes de continuar hay que subrayar, aunque sea evidente, que la infanta Cristina tiene todo el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria contra ella, exactamente igual que cualquier ciudadano. Pero, dicho esto, hay que añadir que el escrito del juez de Palma de Mallorca José Castro -227 folios demoledores- contiene una relación tan pormenorizada de actividades supuestamente delictivas o irregulares en las que ella presuntamente habría participado que va a tener que dar muchas explicaciones. Y convincentes. Y es deseable que lo haga, para que de una vez por todas se pueda aclarar y conocer toda la verdad de este caso.
Tendrá que explicar, por ejemplo, cómo es posible que no supiera ni preguntara a su marido por qué casi todos los gastos personales de su familia los pagaba la empresa Aizoon -propiedad a partes iguales del matrimonio-, cuando esta empresa no tenía actividad alguna y, por consiguiente, no recibía ingresos.
LA EMPRESA PAGABA TODO
Esa sociedad pagó, entre otras cosas, 1.741 euros por una vajilla de cerámica de Alzira (Valencia); un curso de baile en el domicilio del matrimonio; fiestas familiares organizadas por empresas especializadas, para celebrar cumpleaños y nacimientos, con un animador infantil, la instalación de carpas en el jardín o de estufas de exterior cuando la cita era en invierno.
El juez no se cree que la infanta Cristina no haya participado en esas actividades y los ciudadanos, por puro sentido común, tampoco. Porque, ¿es lógico que ella no tuviera nada que decir en la elección de una vajilla familiar o en la manera de celebrar los cumpleaños de la familia? No. Y por eso la ha citado el magistrado Castro, para que ofrezca las explicaciones que considere pertinentes.
No hay que olvidar que, para gastarse ese dinero, el matrimonio Urdangarin-Borbón tenía que haberlo recibido de alguna parte y haber consignado esos ingresos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pagando los tributos correspondientes, como todo hijo de vecino. No lo hicieron. Además, como ese dinero lo contabilizaron como «gastos de explotación» de Aizoon, rebajaron la base imponible del Impuesto de Sociedades de esta empresa y así consiguieron pagar menos impuestos. De ahí deduce el juez que la infanta presuntamente participó en el fraude fiscal.
PAGOS EN «DINERO NEGRO»
El juez también quiere que la infanta aclare si, como han declarado las personas que trabajaban en su casa como empleadas de hogar, éstas fueron contratadas por ella y si les advirtió, pese a saber que no tenían documentación para residir y trabajar legalmente en España, que si superaban un periodo de prueba se les pagaría en dinero negro. Ese personal figuraba como empleados de Aizoon, empresa con la que no tenían nada que ver.
El caso Urdangarin, el caso Bárcenas, los ERE en Andalucía, los delitos ya juzgados y condenados en el Ayuntamiento de Marbella, las comisiones ilegales por licencias de obras tantas veces denunciadas y otros muchos asuntos han hecho que la corrupción sea considerada por la ciudadanía el segundo problema más grave de España, después del paro, según la encuesta que esta semana ha dado a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): el 37,6 por 100 lo cree así, un récord histórico.
Es imprescindible luchar con todos los medios legales posibles para erradicar la corrupción política, pero también es necesario que la Justicia persiga la corrupción individual hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y que nadie se rasgue las vestiduras porque una infanta de España deba declarar como imputada: en los juzgados españoles es frecuente que los dos miembros de un matrimonio sean investigados cuando se detecta un posible delito, si son los propietarios de la empresa investigada, y eso no significa que ambos vayan a ser condenados. Y si finalmente son condenados es una prueba de que el estado de Derecho funciona. En definitiva, una buena noticia.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El eurodiputado Ramón Tremosa, de Convergència i Unió (CiU), ha dicho en la Unión Europea que algunos tramos del AVE en España son un auténtico «dispendio», porque hay estaciones que no reciben más de uno o dos pasajeros al día. Entre ellas ha citado las de Cuenca y Puertollano, y ha metido la pata porque los datos le desmienten.
En dos años de funcionamiento, por la estación conquense Fernando Zóbel han pasado 470.000 pasajeros, lo que supone una media de ¡¡¡640!!! diarios. Y en Puertollano ocurrió lo mismo. Se puede criticar al AVE por considerarlo muy caro, porque hay estaciones demasiado alejadas de la ciudad, porque ha hecho desaparecer el ferrocarril tradicional o por lo que sea. Pero hay que hacerlo con seriedad, máxime si lo dice un político como parte de su trabajo desde la oposición, y no como lo ha hecho el diputado Tremosa. Es de esperar que cuando se publique esta columna ya haya pedido disculpas, en público y también a los alcaldes afectados.