Por primera en España, un partido político -Unió Democrática de Catalunya (UDC), una de las dos partes de la CiU que preside Artur Mas– ha reconocido que en los años 90 se financió ilegalmente, con comisiones procedentes de fondos que la Unión Europea enviaba para cursos de formación de los parados.
Pero un acuerdo alcanzado en el último momento entre el fiscal y los abogados de las seis personas acusadas ha hecho posible que éstas no ingresen en prisión, que el líder de ese partido –Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU en el Congreso- no tenga que pasar por el mal trago de ir a declarar al juicio como testigo y, algo positivo para el erario público, que Unió haya devuelto los casi 400.000 euros que desvió de su destino legítimo a gastos de este partido.
Este «acuerdo de conformidad» entre las dos partes es legal, y cada día se alcanzan pactos de este tipo en los juzgados y tribunales, pero muchos ciudadanos lo consideran vergonzoso. Porque, una vez más, se demuestra que algunas personas se dedican a la política no para defender el interés general y mejorar la vida de la ciudadanía sino para beneficiarse ellos, a sus familaires y amigos o a su partido.
Afortunadamente, pese a las generalizaciones demagógicas que se escuchan a diario, no todos los políticos son iguales ni todos son unos corruptos. ¿Cuándo el PP y el PSOE se va a decidir a regular de una manera seria la financiación de los partidos políticos, y evitar gastos multimillonarios en las campañas electorales con créditos que los bancos les perdonan después?
UNA JUSTICIA DEMASIADO LENTA
En el denominado «caso Pallerols» el fiscal ha rebajado notablemente la petición de condenas que había formulado, para evitar que deban ingresar en prisión, porque la investigación judicial se ha prolongado durante 14 años y ya se sabe que cuando la Justicia es tan lenta no es Justicia.
Por consiguiente, es lógico que lo haya hecho, porque ningún implicado en un pleito debería estar pendiente de sentencia durante tanto tiempo, pero eso no impide la sensación de escándalo en buena parte de la ciudadanía ni la crítica de que la Justicia no es igual para todos.
Además, como parte del acuerdo, Unió ha reparado el daño que ocasionó al depositar en una cuenta judicial, hace unos días, los 388.483 euros que, según ha reconocido, se llevó ilegalmente. En este caso fue un empresario «amigo» de Unió, Fidel Pallerols, el que recibía sustanciosas ayudas de la Generalitat catalana -con dinero de la UE- para organizar cursos de formación, pero un 10% de ese dinero, según el fiscal, se quedaba en las arcas de UDC.
Los acusados que participaron en este montaje eran cargos del Gobierno catalán que presidía Jordi Pujol o de Unió. Esa «comisión» sirvió para comprar material y mobiliario para su sede e incluso para pagar nóminas a militantes que trabajaban en ese partido pero que figuraban como empleados de ese empresario andorrano, pese a que no realizaban ningún trabajo para él.
EL PSOE Y EL PP
En otro caso que conviene recordar, cuando gobernaba Felipe González, el PSOE. también se financió irregularmente en el llamado «caso Filesa»: cobraba importantes cantidadds por facturas falsificadas a algunos bancos y grandes empresas por servicios que éstas no realizaban para el partido, a cambio de que el Gobierno les concediera determinados contratos y servicios. Conviene decir, también, que los jueces están investigando si ha habido financiación irregular del PP en el «caso Gürtel».
No puede extrañar, por ello, que en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los ciudadanos afirmen que el tercer problema más importante de España es la corrupción y el fraude, detrás del paro y de los problemas de tipo económico.
Lo que sí ha extrañado a muchos es el último y escandaloso fichaje que ha hecho Telefónica: Rodrigo Rato será uno de sus asesores para Latinoamérica y Europa a cambio de casi 200.000 euros al año. Rato, cuya sólida preparación económica y demostrada experiencia nadie pone en duda, tiene todo el derecho a trabajar. Pero él era ministro de Economía cuando Aznar privatizó Telefónica y nombró presidente de la compañía a César Alierta, que es quien ahora le ha fichado personalmente.
DE DIRECTOR DEL FMI A ASESOR DE TELEFÓNICA
Rato aspiraba a ser el sucesor de Aznar al frente del PP cuando el presidente designó a dedo a Mariano Rajoy, después fue director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y finalmente le pusieron al frente de Bankia, que ha necesitado unos 23.000 millones de fondos públicos para intentar salir a flote y ahora se propone despedir a 6.000 de sus más de 20.0000 trabajadores, con una indemnización de 22 días por cada año trabajado y un máximo de 14 mensualidades. ¿Qué pensarán esos empleados del fichaje del que fue su presidente hasta mayo pasado?
La compañía Telefónica es especialista en fichar a miembros del Gobierno y altos cargos: entre sus asesores figuran los exministros Eduardo Zaplana (PP) y Narcís Serra (PSOE), dos ex jefes de la Casa Real, el ex jefe del gabiinete de Aznar en La Moncloa y hasta el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, que en agosto solicitó una suspensión voluntaria tras la investigación judicial a la que está siendo sometido.
El caso de Rato y el de esos y otros politicos que pasan directamente del Gobierno a grandes empresas es lo que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares viene denunciando reiteradamente como «la puerta giratoria» de la política a los negocios. Ya va siendo hora de que se impida por ley que se pueda cruzar esa puerta de la mano de fichajes escandalosos, al menos durante unos años tras haber ocupado un alto cargo en el Ejecutivo.