Agustín Yanel
Ya se sabe que, en los ayuntamientos y comunidades autónomas donde Vox entre a gobernar con el PP, se perderán derechos democráticos y desaparecerán concejalías y consejerías que gestionan materias tan importantes como la igualdad, la violencia de género, el cambio climático, las políticas para las personas LGTBI… Otras, como las de educación o las relacionadas con la inmigración, estarán en sus manos. Y que quede bien claro: la libertad de información también se verá gravemente afectada, lo que será muy negativo para el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y de calidad.
Son muchos los males que padece la libertad de información desde hace años y el retroceso que ha habido en esta materia: la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley mordaza) y algunas reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy; la facilidad de difundir bulos y falsedades por las redes sociales; la polarización del periodismo… A eso hay que añadir la actitud de dirigentes de Vox con medios y periodistas.
Desde que Santiago Abascal y su partido llegaron a la vida política han demostrado reiteradamente que no respetan sino que desprecian la libertad de información, uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Han vetado a varios medios de comunicación y periodistas que consideran críticos con ellos, no permitiéndoles cubrir las ruedas de prensa y otros actos convocados en sus sedes; han pedido el cierre de televisiones públicas autonómicas, en vez de exigir que sean independientes y bien gestionadas con transparencia, como deberían defender todos los representantes públicos; han dicho a sus parlamentarios a qué medios no deben conceder entrevistas, como si el derecho a la información fuera suyo y no de la ciudadanía; han incumplido resoluciones de la Junta Electoral Central que les ha ordenado no vetar a periodistas y medios…
Lo último: denuncian sin éxito a TVE por las opiniones de tertulianos
La última actuación de Vox contra la libertad de información es de risa, si no fuera porque se trata de un asunto muy serio: han denunciado a TVE ante la Junta Electoral Central (JEC) porque, en un programa especial del 17 de junio dedicado a la constitución de los ayuntamientos, varios periodistas que participaban en la tertulia criticaron los pactos que el PP está acordando con Vox. ¿Acaso pretenden restablecer la censura previa de la época del franquismo?
Como era de esperar, la JEC ha archivado esa denuncia porque el programa ofreció una información plural, como es obligación de las televisiones públicas en los periodos electorales, y porque los participantes en una tertulia tienen derecho a opinar con libertad lo que estimen oportuno, sin que puedan ser censurados. Esto es así en democracia, pero Abascal y su partido parecen no entenderlo.
En ese programa se ofrecieron imágenes sobre la constitución de diferentes ayuntamientos y también una tertulia con periodistas de El País, El Mundo, Infolibre y El Periódico de España, una politóloga y un experto en comunicación política. A los dirigentes de Vox les molestó, según argumentaron ante la JEC, que el programa se dedicó a «criticar las alianzas entre el Partido Popular y Vox en la mayoría de los ayuntamientos, alertar sobre el supuesto peligro que la alianza entre populares y los de Santiago Abascal tendrá para la igualdad, el combate sobre la violencia machista y otros paradigmas socialistas».
Una acusación sin fundamento
Vox, que sustentó su denuncia en algunas frases entresacadas de lo que opinaron los participantes en la tertulia, considera que el programa ofreció una información sesgada y partidista, para defender «la corrección de las actuaciones del PSOE y denostar a otros partidos políticos, sin ofrecer una visión neutral e imparcial» como exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Lo que vieron quienes siguieran el programa es que TVE ofreció imágenes de la constitución de ayuntamientos, declaraciones de dirigentes políticos y alcaldes, y también opiniones de los contertulios que están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Y así lo ha dicho la JEC.
En su resolución, la JEC afirma que la parte informativa del programa fue correcta y no vulneró los principios de pluralismo político, neutralidad informativa e igualdad que la ley obliga a los medios públicos a respetar en el periodo electoral.
Por lo que se refiere a lo que dijeron los contertulios, la JEC indica que no puede examinar sus opiniones porque «se encuentran amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, sin que por otra parte se aprecie que se haya producido ninguna extralimitación en su ejercicio».
Conviene repetirlo: si Vox llega a formar parte de un futuro gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, como vaticinan las encuestas, la libertad de información se verá gravemente afectada. Porque, como se ha visto en la constitución del nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana y en los de muchos ayuntamientos, el PP está aceptando las exigencias de Vox para poder gobernar.