Alberto Núñez Feijóo se ha quitado la careta de político moderado con la que llegó a la presidencia del Partido Popular, en sustitución de Pablo Casado. No solo ha incumplido sus reiteradas afirmaciones de que no pactaría con Vox y su propuesta de que gobernara en todos los casos la candidatura más votada, sino que ha aceptado los principios ideológicos de la ultraderecha en el Gobierno de la Comunidad Valenciana y en muchos ayuntamientos donde va a gobernar con el partido de Santiago Abascal. Y los aceptará en varias regiones más donde necesita esos votos para desalojar al PSOE.
Hace algo más de un año, el 10 de marzo de 2022, el presidente de Castilla y León y líder del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un pacto con Vox para gobernar en coalición en esa comunidad. Fue la primera vez que la ultraderecha entraba en un gobierno autonómico, tras aceptar Mañueco muchas de las exigencias que planteó Vox, partido que ocupa allí la vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de las Cortes regionales. Y, hasta ahora, ese gabinete se ha caracterizado por continuas polémicas provocadas por actos o declaraciones de su vicepresidente o consejeros de Vox.
Al Partido Popular Europeo no le gusta que el PP pacte con Vox
Ese mismo día, los dirigentes del Partido Popular Europeo -en el que está el PP español- se reunieron en París. Al polaco Donald Tusk, presidente del PPE, expresidente del Consejo Europeo y exprimer ministro de su país, le preguntaron por ese acuerdo de sus colegas españoles con la ultraderecha. Su respuesta fue muy clara: «Para mí es una triste sorpresa. A fin de cuentas, es una capitulación. Espero que sea solo un incidente o un accidente, y no una tendencia en la política española».
Al día siguiente, Núñez Feijóo declaró: «A veces es mejor perder un gobierno que ganarlo desde el populismo», en referencia al pacto en Castilla y León aunque sin citar expresamente a Vox. Pero ya se sabe que, en política, con demasiada frecuencia se aplica el conocido refrán de «donde dije digo, digo Diego». Y en el PP lo están empleando ahora, por mucho que se empeñen en intentar explicar lo inexplicable: que han aceptado las exigencias de la ultraderecha para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana y en más de 140 ayuntamientos -entre ellos los de Toledo, Guadalajara, Ciudad Real y Talavera de la Reina- y las aceptarán en varias comunidades autónomas.
En el mundo del periodismo se dice mucho una frase que publicó hace un siglo el diario británico The Guardian en un editorial: «Las opiniones son libres pero los hechos son sagrados». Esta afirmación, lamentablemente cada vez más olvidada por algunos profesionales y medios de comunicación, también se puede aplicar a la vida política.
Vox dirigirá concejalías de Seguridad Ciudadana, Educación…
¿Y cuáles son los hechos en los pactos del PP con Vox? Estos son algunos: en las comunidades y ayuntamientos donde gobernarán juntos, Vox va a gestionar áreas tan sensibles como las de la Seguridad Ciudadana y Educación; desaparecen las consejerías o concejalías de Igualdad, porque la ultraderecha considera que solo sirven para gastar dinero público; no hablarán de violencia de género o machista, porque niegan que exista y ellos hablan de violencia intrafamiliar; no habrá políticas medioambientales, porque niegan el cambio climático; apostarán por la expulsión de los inmigrantes y no por su inclusión en la sociedad; no apoyarán en nada a las orgaizaciones y personas LGTBI…
Esos son los hechos, indiscutibles; cada cual puede opinar lo que quiera.
Con este mapa político de España, mayoritariamente del color azul del PP pero muy invadido por el verde oscuro de Vox, se celebrarán las elecciones generales el próximo 23 de julio. La izquierda situada a la izquierda del PSOE ha conseguido por vez primera en la democracia reunir a 15 partidos políticos en una candidatura conjunta, Sumar, liderada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.
Después de la polémica pública que han mantenido durante las complejas negociaciones para encajar todas las piezas de ese puzzle -¡ay, cuánto daño hacen las redes sociales cuando se utilizan mal y se busca el protagonismo personal!-, Podemos ha aceptado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no irá en la candidatura y asume que la situación del partido morado no es la misma ahora que en anteriores elecciones, ni mucho menos.
Tanta polémica por los nombres y los puestos a ocupar en las candidaturas es perjudicial para izquierda, pero al final ha llegado a un acuerdo. A partir de ahora, el electorado tendrá que decidir si quiere que este país esté dirigido por un gobierno de coalición progresista del PSOE y Sumar o, como vaticinan casi todas las encuestas, por uno de la derecha y la ultraderecha.