Lo acaba de decir la Organización Internacional del Trabajo (OIT): España es el país de la Unión Europea donde más contratos de trabajo temporales de corta duración existen, lo que hace que aumente la precariedad y las tasas de pobreza. Y, lamentablemente, los políticos no van a dar ninguna respuesta por el momento a esa situación, porque ya están dedicados a la precampaña de unas elecciones -municipales, autonómicas, europeas y generales- cuyo resultado es muy incierto. Ya lo dice el refranero: unos por otros, la casa sin barrer.

La OIT es una organización de Naciones Unidas que integra a gobiernos, empresarios y trabajadores de 187 Estados. No es nada sospechosa de actuar por intereses extraños o para favorecer a una de esas partes y, desde hace años, viene advirtiendo en sus informes periódicos del aumento de la precariedad y la temporalidad en el empleo, de manera especialmente significativa en España.

Los datos son muy malos. En 2017, el 26,8 por 100 de los contratos de trabajo en España eran temporales. De éstos, el 60 por 100 tenían una duración inferior a seis meses, el porcentaje más elevado de toda Europa, donde los países con más nivel de temporalidad tienen al menos el 50 por 100 de contratos temporales superiores al semestre, el doble que aquí.

Cobrar cuatro horas y trabajar ocho

No hace falta marear con cifras porque, lamentablemente, muchas personas saben por propia experiencia lo que supone llevar varios años siendo contratadas una semana de vez en cuando, o un par de días al mes, o 15 días tres o cuatro veces al año. O, lo que es peor, hay quien es contratado para media jornada pero es obligado a trabajar todo el día por un mísero salario si no quiere irse a su casa.

Lo que sí hace falta es que el Gobierno y el Parlamento aprueben medidas y legislen para resolver esa situación. Pero ahora toca esperar, todavía más, porque unos y otros están ocupados en su futuro electoral; unos con más honestidad que otros, eso sí, porque no todos son iguales aunque a veces lo parezcan. Los hay que defienden sus ideas con convicción y coherencia porque creen en ellas, otros que las cambian según lo que digan las encuestas y otros que no tienen inconveniente en mentir con todo descaro y en mantener lo contrario de lo que han dicho antes si creen que así van a conseguir más votos.

Los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, no han tenido ningún inconveniente para votar junto con los independentistas catalanes de PDeCAT y ERC contra la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que había preparado el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El 12 de febrero, el pleno del Congreso de los Diputados decidió que no sean tramitados en la Cámara sino devueltos al Ejecutivo, lo que llevará al presidente, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales.

Efectos negativos para la ciudadanía

Esta negativa a tramitar el proyecto de cuentas públicas impide que puedan ser mejoradas con enmiendas, como se hace cada año, pero no afectará a la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios ni al aumento del salario mínimo interprofesional, porque ya han entrado en vigor; pero sí tiene efectos negativos para otras propuestas que se incluían en esa ley para mejorar la vida de la ciudadanía, porque ya no se podrán llevar a cabo: no habrá más dinero para atender a las personas dependientes ni para luchar contra la violencia de género; tampoco se incrementarán las becas ni se rebajará el IVA para determinados productos y servicios; no se incrementará de cinco a ocho semanas el permiso por paternidad; no se subirá el IRPF a las rentas más altas ni el Impuesto de Sociedades a la banca y a las compañías petroleras…

Todo eso podían haberlo debatido los grupos parlamentarios durante la tramitación de los Presupuestos Generales, pero algunos han preferido anteponer sus intereses de partido a los intereses generales de la ciudadanía. Lo más sorprendente es lo que han hecho los diputados independentistas del PDeCAT y ERC. Como condición para aprobar la tramitación de las cuentas públicas pedían que el Gobierno influyese en el Tribunal Supremo, para que dejara en libertad a los independentistas presos que estos días están siendo juzgados, y que sean absueltos, aunque saben que eso depende exclusivamente de los magistrados; por eso, han preferido que Cataluña no reciba los millones de euros que se destinaban a esa comunidad en el proyecto de las cuentas públicas. Ellos sabrán cómo se lo van a explicar a su electorado.

Lo peor de todo es que, mientras los partidos políticos se dedicarán a partir de ahora a una prolongada precampaña electoral, a culparse unos a otros de la situación y algunos, también, a mentir y a cambiar de discurso según les convenga para ganar votos, la OIT seguirá alertando de lo mal que está el mercado laboral español, las ONG continuarán denunciando el aumento de la desigualdad en la sociedad y la ciudadanía verá cada día que quienes debían preocuparse por sus intereses parece que están más dedicados a lo suyo, ya sea lo personal o lo de su partido. Y, mientras tanto, la casa de todos continuará sin barrer.