El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado hoy la importancia de generar “escenarios atractivos” que permitan a la ciudadanía “elegir con libertad” quedarse a vivir en el medio rural. En ese desafío trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha explicado el número dos, tratando de sumar condicionantes que “uno a uno, por si solos, no son suficientes, sino que deben abordarse en su conjunto”.
Estas cuestiones se recogen en la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, que entró en vigor el pasado 1 de junio, y que el vicepresidente ha trasladado durante su participación en el I Congreso Europeo por el Reto Demográfico organizado por el Gobierno de Extremadura y la Comisión Europea en San Pedro de los Majarretes, una pequeña pedanía de Valencia de Alcántara (Cáceres).
El reto demográfico y territorial
Durante su intervención en una mesa redonda sobre ‘Estrategias y gobernanza ante el Reto Demográfico y Territorial’ junto a la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura, Begoña García, y la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, entre otros participantes, Martínez Guijarro ha insistido en el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las políticas sociales.
Empleo, nuevas tecnologías y empresas
Pero también ha hecho referencia a la necesidad de fomentar el empleo bonificando a empresas y emprendedores, una movilidad que atienda a las necesidades de la población, así como el acceso a las nuevas tecnologías o al ocio en los pueblos. Además de todo ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado “un paso más” estableciendo por primera vez en nuestro país la política fiscal con desgravaciones para quienes tiene “residencia efectiva” en los pueblos afectados por la despoblación.
Martínez Guijarro también ha puesto el acento en la necesidad de que todas las políticas y legislaciones que implanten las distintas administraciones incluyan “una lupa rural” o, como se ha fijado en la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, que todas las leyes cuenten con un informe de impacto demográfico.
Revisar la financiación autonómica
Con todo, el vicepresidente regional ha insistido en la necesidad de contar con un sistema de financiación autonómico que tenga en cuenta el coste real de la prestación de servicios públicos en estos territorios. Así, se ha mostrado confiado en que la próxima reunión de presidentes autonómicos de regiones con problemas de despoblación, que tendrá lugar el 23 de noviembre en Santiago de Compostela (Galicia), permitirá cerrar un acuerdo para una declaración institucional que se traslade al Gobierno de España.
Mientras tanto, ha pedido que se establezca un “mecanismo transitorio” y considera para ello “una buena noticia” la aprobación de una enmienda para que se mantenga la financiación extraordinaria para seguir luchando contra la Covid-19 en materia sanitaria y con refuerzos en el sistema educativo.
Estímulos fiscales e igualdad en servicios en la ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha
El vicepresidente ha estado acompañado en este congreso, que ha sido inaugurado por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por el Comisionado para el Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique.