Un centenar de alcaldes, ediles y portavoces de la provincia de Cuenca se han concentrado hoy ante la Diputación Provincial para exigir a su presidente, Benjamín Prieto, que «rectifique» su decisión y siga aportando financiación a la segunda edición del Plan Extraordinario por el Empleo.
Después de que la Diputación anunciase ayer que dejará de aportar los dos millones de euros por lo que calificó como una actitud «unilateral, excluyente y oscurantista» del Gobierno regional, los representantes de las entidades locales han rechazado estos argumentos y consideran que la motivación es «únicamente política».
En la concentración, a la que han acudido ediles del PSOE, de IU y también miembros de la dirección del sindicato CCOO, han calificado la decisión de Prieto de «irresponsabilidad sin precedentes» y le han acusado de maniobrar para atacar a un gobierno de otro color político «utilizando para ello a los parados como rehenes».
Localidades como Tarancón contrataron a 50 desempleados en la primera edición del plan; 60 en Quintanar del Rey, que es la tercera población de la provincia, y 46 en Mota del Cuervo, hasta llegar a 900 personas en toda la provincia.
Sus alcaldes han acusado a Prieto de mantener una actitud «caciquil» y de no importarle los desempleados de la provincia de Cuenca «más que para la manipulación electoral», según ha aseverado el alcalde de Mota, Alfonso Escudero.
El regidor de Quintanar del Rey, Miguel García, ha recalcado que los motivos de la Diputación para tomar esta decisión «injustificada» han sido «puramente políticos», mientras que el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, ha recordado a Prieto que los parados «no tienen color político, sino nombre, apellido y familia».
Por parte de IU, el teniente de alcalde de Mota del Cuervo y coordinador provincial de la formación, Jacobo Medianero, ha acusado a Prieto de actuar «con alevosía» y le ha instado a solucionar los problemas «en una mesa, pero no levantarse a mitad de partido».
Asimismo, el secretario de Acción Sindical de CCOO en Cuenca, Ladislao Crespo, ha señalado que si la Diputación mantiene su decisión habrá 450 personas que no podrán acceder a un contrato durante seis meses «que, a su vez, les posibilitaría volver a las listas del paro».