«Este Gobierno solo tiene sensibilidad con los corruptos y los defraudadores y les perdona delitos fiscales el mismo día que le sube el Impuesto sobre la Renta a millones de trabajadores, un 22 por ciento los impuestos a las empresas que sí cumplen con el Fisco y un 7 por ciento el recibo de la luz a todas las familias españolas”. Así ha valorado los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy el diputado por Toledo Alejandro Alonso, coordinador de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso.
Alonso opina que se está facilitando la amnistía fiscal a quienes han defraudado a Hacienda o evadido impuestos a paraísos fiscales. Alonso, que ha ofrecido una rueda de prensa en Toledo, ha recordado las declaraciones de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien en junio del año 2010 calificó de “impresentable, injusta y antisocial” la amnistía fiscal que por aquellas fechas estudiaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que no se llegó a aporobar.
En relación a la cita que tiene hoy la secretaria general del PP con los dirigentes territoriales de su partido para explicarles los PGE, Alonso ha dicho que esperaba que Cospedal tuviera “un mínimo de vergüenza para reconocer el cambio radical de su partido sobre la amnistía fiscal y sobre subir los impuestos”. Y ha añadido que “estaría muy bien que hoy Cospedal le explicara a los responsables autonómicos del PP con los que se va a reunir cómo van a aplicar la Ley de Dependencia este año si han dejado la partida a cero”.
Para el diputado toledano, los Presupuestos conocidos ayer son “muy malos para España y pésimos para Castilla-La Mancha, porque paralizan la economía, van a crear más paro y más recesión económica y van a comprometer muy seriamente los servicios públicos esenciales”.
El parlamentario socialista ha resumidos los PGE en las siguientes ideas: “El 40 por 100 del Presupuesto de Fomento y Medio Ambiente, con lo que se paraliza toda la obra pública. Un recorte de más de 1.557 millones de euros en las políticas activas de Empleo, cuando Rajoy y Cospedal se hartaron de decir en las campañas electorales del año pasado que el empleo era su prioridad. Y 283 millones de euros menos en los convenios que las comunidades autónomas utilizan para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia».