El Gobierno central no se inmiscuirá en el cierre de las urgencias de Castilla-La Mancha. Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Sanidad, Ana Mato, durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados y ante la pregunta formulada por la diputada nacional del PSOE por Toledo, Guadalupe Martín.
Tras hacer mención a la deuda de 16.000 millones de euros heredada del anterior gobierno socialista, la ministra ha indicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy respeta todas las decisiones que están adoptando las comunidades autónomas para reorganizar el gasto sanitario, «independientemente del color político». «Lo hago cuando se cierran los PAC pero también cuando se cierra el 50 por 100 de los centros de salud por las tardes o las urgencias los fines de semana como hizo Andalucía el pasado verano». Añade que está convencida de que la asistencia está cubierta de la manera que cada región considera más eficiente y que ningún ciudadano se va a ver desatendido ante una urgencia.
Mato ha apuntado que «frente a una decisión política el ciudadano puede acudir a la justicia y nosotros lo respetamos». Además, «cuando consideramos que se está discriminando a los ciudadanos vamos a los juzgados; ya lo hemos demostrado recurriendo el euro por receta en Cataluña y Madrid». No obstante, ha asegurado que el Gobierno garantizará la sanidad universal, gratuita, de máxima calidad y al servicio de los españoles independientemente del lugar en el que residan.
Durante su intervención, Guadalupe Martín ha acusado a la dirigente «popular» de haber destrozado el sistema nacional de salud, «que ya no es universal», y de haber fracasado en una de las principales funciones: la coordinación de las comunidades y es que «hay regiones que están cerrando los PAC con la falsa excusa de la modernización de los recursos de transporte sanitario».
Ha dicho que el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, y la presidenta María Dolores de Cospedal «han hecho pocas guardias» pues «dicen que a estas urgencias no llegan casos urgentes». Sostiene que pretenden engañar diciendo que se les atiende mejor con una ambulancia no medicalizada que con personal sanitario. Desde el PSOE defienden que «nadie les cree». «Han provocado una movilización sin precedentes; que dimitan políticos del PP; y el que los jueces den la razón a los vecinos mientras se resuelven los recursos de los ayuntamieintos de todo tipo de signo político».
La socialista ha incidido en que el tiempo de respuesta para atender un infarto o un ictus es determinante y que, en este sentido, pueblos como El Romeral han quedado a 40 minutos de las urgencias, «eso siendo de día, sin heladas y nieve».
Por todo ello concluía señalando que «algo debería hacer para evitar esta crueldad, ya que la vida de un persona de Majaelrayo o de Honrubia vale tanto como una vida de Pozuelo de Alarcón».