Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer una resolución presentada por el Grupo Popular, con la que se ha rechazado la gestión que hizo el anterior equipo de gobierno, del PSOE, en relación a los servicios sociales y que «afectó gravemente a sectores muy vulnerables de la sociedad». El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Ignacio Echániz, dio a conocer datos escalofriantes en relación al bajo nivel de pago a las ayudas para los colectivos más desfavorecidos.
El programa debatido ayer en la Cámara castellano-manchega comprende partidas destinadas tanto a corporaciones locales como a familias y entidades sin ánimo de lucro para acciones de promoción y protección social. De lo presupuestado por el anterior Gobierno, 117 millones de euros, sólo se habían pagado 5 millones en el mes de junio.
Echániz destacó que el Gobierno de la presidenta Cospedal «ha triplicado los pagos de este programa». Además, se han realizado en los últimos meses transferencias corrientes a familias «que llevaban más de un año sin recibir un euro», como ha puntualizado Echániz.
CINCO MILLONES DE HORAS DE PRESTACIÓN PARA 19.790 CIUDADANOS
El aspecto más visible de este programa es la Ayuda a Domicilio, para el que la Consejería tiene firmados 757 convenios, que generan 5 millones de horas de prestación y del que depende la atención en sus casas de 19.790 castellanomanchegos.
Sin embargo, también incluye el Plan Regional de Acción Social, para municipios de menos de 3.500 habitantes (el anterior Gobierno sólo pagó el 1,8 por 100 de los 7 millones presupuestados) y el Plan Concertado, para los municipios de más población (a los que el Ejecutivo de Barreda sólo abonó el 1,46 por 100 de todo lo previsto para este año), siendo aún más grave la situación de las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro: de los 10 millones de euros presupuestados, sólo se pagaron 2.000 euros en el primer semestre, un 0,02 por 100 del total.
Dicho de otro modo, «en junio no se había pagado ni un solo céntimo en beneficiar a personas que estaban en grave riesgo de exclusión social», aunque estuvieran presupuestados para ello 6 millones de euros, resaltó el consejero, aludiendo a una partida que atiende esencialmente a los albergues para transeúntes, red gestionada en su casi totalidad por Cáritas.
«Han puesto en riesgo la prestación social de los castellanomanchegos», concluyó el consejero.
REPROBADA LA GESTIÓN DE BARREDA EN LOS SERVICIOS SOCIALES
Por su parte, la diputada del grupo socialista Matilde Valentín hizo referencia a diferentes informes elaborados por diversas organizaciones para argumentar que Castilla-La Mancha «era una de las comunidades donde mejor se ha hizo la distribución de la renta» en España.
Detalló que desde los servicios sociales se atienden a 220.000 personas, de las que 33.000 son beneficiarios de las ayudas a domicilio y 45.000 de la teleasistencia.
Así, la diputada del PSOE se mostró pesimista con las políticas socialistas de la «era mariana» y acusado al Gobierno regional de no pagar los convenios y ayudas destinadas a esta materia.
«Para el PP no han sido necesarias ni prioritarias las políticas sociales. Cospedal se ha convertido en triturador de los servicios sociales públicos», dijo.
Además, informó de que la Consejería de Sanidad ha remitido una carta a los ayuntamientos castellanomanchegos en la que se apunta una modificación de la cuantía de la adendda del convenio de 2011 para la prestación de los servicios sociales.
Sobre este asunto, Valentín instó al consejero a que explique en qué dirección se va a producir esta modificación y aclare si «se va a recortar la cantidad destinada a estos convenios o se va a incrementar para llegar a más beneficiarios».
Por su parte, la diputada del PP en las Cortes María Ángeles García pidió al PSOE que «no quiera convertirse ahora en los defensores a ultranza de los servicios sociales», pues ha asegurado que estas prestaciones «han estado desatendidas los seis primeros meses» de 2011.
García acusó al PSOE de haber politizado los servicios sociales en su última etapa de gobierno y de poner «a los pies de los caballos» prestaciones como la ayuda a domicilio, la ayuda a la integración social o la atención a inmigrantes.
E instó a los socialistas a que expliquen el motivo por el que «no se ha pagado ni un solo céntimo» para mantener la red de albergues de la región ni las subvenciones a los ayuntamientos para sufragar la ayuda a domicilio.