El portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha afirmado que si alguien aboga por que Castilla-La Mancha fuera intervenida está pidiendo un mayor esfuerzo y sacrificio a los empleados públicos. Cañizares ha discrepado con el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, quien ha considerado que una eventual intervención de las cuentas de la comunidad por parte del Gobierno «podría ser positiva», porque lo que supondría sería «inevitablemente» un mayor esfuerzo para los empleados públicos.
A preguntas de los periodistas sobre las manifestaciones de Gil, el portavoz popular ha recordado que la partida más importante de las cuentas públicas es la correspondiente del capítulo uno de gastos de personal».
En este sentido, ha dicho que «este sindicalista está pidiendo mayor nivel de esfuerzo y de sacrificio a los empleados públicos que sería lo que llevaría aparejado una intervención».
Según Cañizares, solo hay que fijarse en intervenciones que se han llevado a cabo en países como Irlanda, Portugal o Grecia, en las que se echaban porcentajes altísimos de funcionarios públicos a la calle y se producían reducciones de salario.
Lo que se reducía no era una paga o algo eventual «sino reducciones de salario del 20 y del 30 por 100, ha señalado.
Si Gil lo ve como positivo «tenemos sensibilidades distintas con los funcionarios públicos», ha aseverado Cañizares, quien ha añadido que «nosotros pensamos que el esfuerzo que están haciendo ya es muy importante, que no se lo pediríamos si no fuese absolutamente necesario para equilibrar las cuentas públicas».
Son las cuentas «de las que cobran ellos», ha apuntado el portavoz del Grupo Popular, quien ha indicado que «si no equilibramos las cuentas públicas los que dejarían de cobrar tarde o temprano sus salarios serían los propios funcionarios públicos».
En cualquier caso, Cañizares ha asegurado que Castilla-La Mancha no ha sido advertida «en ningún sentido» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre un hipotético riesgo de incumplimiento del objetivo del déficit.
«Ha salido alguna información periodística, pero por lo que hemos podido oír al propio consejero de Hacienda de nuestra comunidad autónoma no coincide con la realidad de lo que pasó en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha agregado.
Cañizares ha destacado que Castilla-La Mancha está siendo ejemplo, como ponen de manifiesto los datos del primer trimestre del año, que indicaban que cumplía con los objetivos de déficit.
EL TRÁMITE PARLAMENTARIO DE LOS NUEVOS AJUSTES SE HARÁ POR LA VÍA DE URGENCIA
Por otro lado, la proposición no de ley de medidas de acompañamiento al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, que tomarán el 17 de julio en consideración las Cortes regionales, se tramitará por la vía de urgencia, según ha adelantado Francisco Cañizares. Ha indicado que al tramitarse por el procedimiento de urgencia, el período de presentación de enmiendas a la proposición no de ley será de ocho días en vez de 15. Ha recordado que se tramitará a propuesta del Grupo Parlamentario Popular «en sintonía» con el propio plan de garantías y con los presupuestos generales de la Junta para 2012 y con medidas que se están introduciendo en otras Administraciones,
El portavoz del PP ha justificado su presentación «desde la apertura de miras que debe tener un grupo parlamentario de cara a conseguir objetivos vitales para la región como es alcanzar los máximos de déficit en 2012 para evitar un mayor endeudamiento de la Administración regional».
En la proposición se incluyen medidas para reducir el coste de la Administración pública regional, «encaminadas por un lado a pedir un esfuerzo y sacrificio a los funcionarios públicos, no a los de carrera sino los interinos» y también una serie de medidas que faciliten y simplifiquen los sistemas de asuntos propios y excedencias.
La proposición no de ley incluye seis artículos sobre interinos, sobre la eliminación de la posibilidad de prolongación de la permanencia en la función pública, sobre días de asuntos propios y sobre excedencias.
Asimismo, se incluye la asunción por parte de la Consejería de Fomento de una serie de competencias desarrolladas por empresas públicas en materias como energía, agua, vivienda e infraestructuras.
Según ha explicado Cañizares, había empresas diferenciadas y cada una dependía de una consejería y ahora todas va a depender a la Consejería de Fomento a través de la entidad pública Gicaman.