La consejera de Economía y Empleo, Carmen Casero, se reúne esta tarde por separado con los representantes de los agentes sociales en Castilla-La Mancha, a los que ve por segunda vez desde que asumió el cargo hace apenas dos meses, con la intención de explicar sus planes y su calendario en el desarrollo de sus competencias.
José Luis Gil, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha será el primero en reunirse con Casero, a las 17 horas. Para las 17.45 está previsto el encuentro con Carlos Pedrosa, secretario general de UGT en la región. Y a las 18.30 ha sido citado Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios, Cecam.
Lo que debería ser una reunión ordinaria con los protagonistas del diálogo social viene precedido, sin embargo, de una fuerte conflictividad con los sindicatos, abiertamente contrarios a una buena parte de las medidas del plan de ajuste con el que el Gobierno Cospedal pretende contener el déficit de la comunidad autónoma, el más alto de España.
Las cosas todavía pueden ir a peor, ya que sindicatos y Junta están a las puertas de un conflicto judicial por la supresión del Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam), órgano que acogía el diálogo social en la región y en el que estaban representados sus tres patas: Gobierno, sindicatos y empresarios.
Gil dio una pista hace unos días cuando anunció conflicto por la supresión del órgano que cobijaba el diálogo social en Castilla-La Mancha durante el encuentro de CC.OO. y UGT con los grupos parlamentarios de las Cortes para promover un foro de diálogo por el empleo.
Y es que ambos sindicatos presentaron a primeros de marzo un contencioso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Además, el 14 presentaron una reclamación ante la propia Consejería de Economía y Empleo. En ambos casos, por la supresión del Sepecam «sin ni siquiera convocar el Consejo de Administración», han comentado en encastillalamancha.es fuentes sindicales.
Ambas organizaciones están convencidas de que el Gobierno ha incurrido en un incumplimiento de la ley estatal de empleo y de los principios constitucionales que amparan el diálogo social en órganos tripartitos y paritarios.
El historial de conflictos que se van a dirimir judicialmente no se limita al del Sepecam. Aún están pendientes del fallo de los tibunales las denuncias que CC.OO. ha presentado contra la Junta por decisiones como los servicios mínimos de los sevicios básicos el 29 de marzo, fecha de la huelga general; y la pérdida de complementos y derechos de determinados colectivos de empleados públicos, entre otros.