El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, han puesto la primera piedra de la que será la sede del futuro Colegio de Abogados de Ciudad Real.
Acompañados por el decano del colegio, Cipriano Arteche; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; el delegado el Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador; y la alcaldesa de ciudad, Rosa Romero, el ministro y la presidenta de la Junta han protagonizado el acto simbólico por el que se inician las obras de la nueva sede de los abogados ciudadrealeños.
De esta manera, comienza el plazo de ejecución de unas obras que harán posible que en 10 meses esté construido este nuevo edificio, que se ubicará sobre una parcela de 1.200 metros cuadrados y en el que se ha previsto invertir 679.000 euros.
La nueva sede, que se va a costear con fondos propios del colegio y financiación del Globalcaja, ha sido diseñada por los arquitectos Alberto y Federico Pérez Parada y tiene previsto también albergar una Escuela de Práctica Jurídica para la mejora de la formación de los abogados.
El ministro de Justicia ha asegurado que es una gran noticia que los abogados ciudadrealeños cuenten con una nueva sede en la que poder desarrollar su trabajo y que, además, la sede proyectada se haya hecho con criterios del siglo XXI, teniendo en cuenta aspectos tan importante como «la funcionalidad», la «modernidad» y los «elementos simbólicos».
Catalá ha asegurado que la nueva sede será como el Gobierno quiere que sea la Justicia en España, moderna y al servicio de los ciudadanos.
Para ello, ha significado que el Gobierno trabaja en dotar a los profesionales de la Justicia de los mejores medios y, por eso, trabaja en que en el mundo del Derecho tenga buenas herramientas normativas y que se tengan buenas leyes.
Así, ha recordado que el Gobierno trabaja en estos momentos en la reforma normativa que ayude a los jueces, abogados, notarios o registradores a poder realizar su trabajo «simplificando los trámites administrativos».
En este sentido, ha comentado que se busca una Justicia «más ágil» y para ello, ha recordado que el Gobierno apuesta por disponer de las mejores herramientas tecnológicas.
Ha recordado que a partir del 1 de enero del año que viene la comunicación entre los profesionales y la administración de Justicia y el resto de las administraciones públicas se hará de manera electrónica, simplificándose los modelos tradiciones de acumulación de papel en los despachos y en las sedes oficiales.
De este modo, ha explicado, los abogados, entre otros colectivos, podrán tener acceso a la Justicia, «24 horas al día 365 días al año».
Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha puesto de manifiesto durante este acto la importante labor que ejercen en la sociedad los abogados.
«Su labor de representación o asesoramiento, ha dicho, juega un papel importante para la sociedad, en especial, ha señalado, en laborales tan importantes como el turno de oficio o la asistencia de asesoría gratuita a los que más lo necesitan».
Cospedal ha resaltado también el trabajo que los abogados realizan prestando servicio a las mujeres víctimas de violencia de género o el de orientación jurídica a las personas mayores, materias que ponen de relevancia su función social.
«EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL SEGUIRÁ SIENDO GRATUITO»
El ministro de Justicia ha asegurado que el servicio de registro civil en España seguirá siendo gratuito aunque sea prestado por el cuerpo de registradores. Catalá ha respondido a preguntas de los periodistas antes de reunirse en Ciudad Real con autoridades judiciales de Castilla-La Mancha para tratar la situación de la Justicia en la comunidad autónoma.
El Gobierno, ha explicado, está avanzando en la implantación de un nuevo registro civil electrónico para dar cumplimiento a la ley que en 2011 se aprobó por unanimidad y que proponía que los registros civiles dejaran de ser una función jurisdiccional porque no tienen esa naturaleza, a pesar de que históricamente este servicio se ha prestado en los juzgados.
El ministro ha apuntado que se sigue avanzando en la implantación de un registro civil propio del siglo XXI y que se va a encomendar realizar esas funciones a los registradores, un cuerpo de funcionarios que «ya desempeñan esas funciones en relación con la propiedad, los bienes muebles y con el registro mercantil, por lo que parece razonable que también puedan llevar las funciones de registro civil».
Catalá ha asegurado que el hecho de que se deje de hacer esta función en los juzgados no va implicar una merma del empleo público, ni de funcionarios de carrera ni interinos.
Ha dicho que la nueva función que ejercerán los registradores estará tutelada por el Ministerio de Justicia.
El ministro, también a preguntas de los periodistas, se ha referido al informe del Consejo Consultivo sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la que se podría proponer cambiar la figura actual de imputado porque puede resultar equívoca.
En este sentido, el ministro ha señalado que aún no han recibido este informe, aunque se espera que lo pueda recibir en los próximos días, tras lo cual, ha dicho, lo estudiarán y lo trabajarán para llevar un nuevo proyecto al Consejo de Ministros.
Para el ministro es posible que se pueda cambiar la figura de imputado que, ha reconocido, en la actualidad tiene «un nivel de contaminación semántico muy alto» y está generando un debate, en su opinión, «artificial sobre si los imputados tienen tacha de culpabilidad y si ello implica la dimisión o el abandono de la vida pública o política».