Las Cortes de Castilla-La Mancha han tumbado, con los votos en contra del PP, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE sobre la derogación parcial de la Ley de la Viña y el Vino, por lo que este proyecto continúa su trámite parlamentario.
La enmienda a la totalidad con petición de devolución del texto al Gobierno está justificada, según los socialistas, porque esta norma que ahora se pretende derogar parcialmente y la que crea la Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla, que será derogada totalmente, han servido para desarrollar, modernizar y diversificar el sector de la región.
Así, el diputado socialista encargado de defender la enmienda, José Luis González, ha calificado de «inaudito» e «increíble» que la primera región vitivinícola de España, como es Castilla-La Mancha, «renuncie a tener su propia ley en materia de vinos», como a su entender pasará cuando se derogue parcialmente esta norma.
Ha admitido la existencia de otras legislaciones de rango superior, como la europea o la nacional, pero se ha preguntado «qué problema hay» con que Castilla-La Mancha tenga su propia norma, adaptada a las necesidades del sector en la región.
Tras recordar que otras comunidades productoras, como La Rioja, Cataluña, Andalucía o Castilla y León tienen su propia normativa sobre el vino, ha negado el argumento esgrimido por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, acerca de que la derogación parcial mejorará la competitividad del sector.
En cambio, González ha advertido de que en comparación con 2011, en 2013 han bajado las exportaciones, y de que la derogación parcial de la ley del vino supone que dejarán de tener efecto todos los títulos de la norma, excepto el referido a las tasas que tienen que pagar los agricultores y al Instituto del Vino y la Vid de Castilla-La Mancha (Ivicam).
Pero sobre este organismo, ha lamentado que el presupuesto para investigación se ha reducido en los dos últimos años hasta la quinta parte de lo previsto para 2011 y que, en términos generales, la dotación económica se ha reducido a la mitad.
«Es evidente que la preocupación de la consejera es mantener parte de las tasas que regula y grava el sector y que tendrá que seguir pagando», ha advertido.
González ha señalado que entendería que «se hicieran adaptaciones necesarias a la ley» y se ha mostrado dispuesto a llegar a «acuerdos importantes» sobre una posible modificación, pero siempre y cuando «Castilla-La Mancha siga teniendo su propia ley».
«Renunciamos a tener ley propia en un sector importantísimo en Castilla-La Mancha», ha lamentado.
Pero Soriano, que ha tomado la palabra por segunda vez al final del debate, ha tachado de «inaudito» que el PSOE no quiera derogar parcialmente la ley de la Viña y el Vino, un texto que «pone el impuesto al vino, sanciona más que el resto España y considera ilegales viñedos que en el resto de España sólo tienen una infracción leve».
«MUY PERJUDICIAL»
La consejera ha insistido en que la ley es «muy perjudicial» para el sector vitivinícola, entre otros asuntos, por el impuesto al vino destinado a la promoción vitivinícola.
«La promoción es muy importante, pero este Gobierno no entiende por promoción el despilfarro del Gobierno socialista del fondo de promoción vitivinícola», ha criticado.
Para ilustrarlo, ha mostrado una factura por valor de 134.415 euros que pagó el anterior Ejecutivo socialista «por unas camareras rusas» y de otros 164.500 euros «por organizarle al señor Barreda una comida-mitin en Herencia».
Por todo ello, Soriano ha pedido al PSOE que «deje de dar la espalda al sector, que apoye el proyecto de ley y que trate de potenciar un sector estratégico para Castilla-La Mancha, porque la región «es el gran viñedo del mundo», ha subrayado.
También la diputada del PP en las Cortes Carolina Hernández ha reprochado a los socialistas su enmienda sobre la derogación parcial a la ley del vino y ha destacado que los populares están de acuerdo «con todo lo que sea simplificar los trámites burocráticos a los viticultores».
Ha desmentido que la región renuncie a tener su propia ley del vino y, en cambio, ha defendido que con la derogación parcial del canon que tienen que pagar los vinicultores, uno de los puntos que se eliminarán de la norma, se libera al sector de «una carga injusta» y mejora la competitividad de las bodegas.