Con la supresión de la Sindicatura de Cuentas, Castilla-La Mancha es la primera autonomía en culminar la eliminación de las instituciones cuya competencia se duplica con la del Estado, un proceso en el que, de momento, sólo han avanzado La Rioja, Asturias y Murcia y que otras regiones se niegan a emprender.
La supresión de instituciones duplicadas en las comunidades autónomas (tribunales de cuentas, consejos consultivos, defensores del pueblo y consejos económicos y sociales) es una de las medidas planteadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
El ahorro acumulado hasta el momento por esas medidas de simplificación de la administración asciende a los 9.500 millones de euros, según el informe presentado por el Gobierno.
Ese informe establece que de las 219 medidas previstas se han acabado 63, están en fase avanzada 74, en estado medio 77 y en fase inicial 7.
La reforma ha sido muy efectiva en la supresión de empresas públicas autonómicas -708, con un ahorro de 1.500 millones- y en la eliminación de las oficinas en el exterior de casi todas las autonomías, pero avanza a ritmo desigual en otra de sus apuestas: la supresión de duplicidades administrativas, mediante la que se prevén importantes ahorros.
Entre otros, 30 millones de euros anuales en el caso de los defensores del pueblo y 46 en el de los tribunales de cuentas.
En la actualidad, nueve regiones poseen, con distintas denominaciones, la figura del Defensor del Pueblo: Ararteko (País Vasco); Sindic de Greuges (Cataluña y Comunidad Valenciana); Valedor do Pobo (Galicia); Defensor del Pueblo (Andalucía y Navarra); Procurador del Común (Castilla y León); Justicia de Aragón y Diputado del Común (Canarias).
Y todas menos Extremadura, Cantabria, La Rioja o Murcia tenían un tribunal de cuentas hasta que Castilla-La Mancha lo suprimió.
Esta comunidad autónoma es la que ha acometido con más decisión la tarea de reducir duplicidades y, antes que la Sindicatura, eliminó el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico Social y la Comisión de la Competencia.
También La Rioja, donde no hay órgano fiscalizador externo, ha suspendido la actividad del Defensor del Pueblo y ha suprimido la figura del Defensor del Usuario en el ámbito sanitario y el Consejo Económico y Social (CES).
En Asturias desapareció la Procuradoría General, como habían pactado PSOE y UPYD, pero no se ha logrado consensuar la reducción de tres a uno los miembros que integran la Sindicatura de Cuentas.
En Murcia se mantiene el CES, pero se ha suprimido el Defensor del Pueblo, institución que nunca ha existido en Cantabria, Baleares, Extremadura o Madrid.
Sin embargo, otras autonomías, incluidas algunas gobernadas por el PP, han dado pasos justo en sentido contrario.
En Andalucía, no sólo no está prevista la supresión de la Cámara de Cuentas, sino que el Parlamento ha acordado las modificaciones legislativas oportunas para ampliar las competencias de este órgano, de forma que pueda fiscalizar las cuentas anuales -y no sólo electorales- de los partidos con representación parlamentaria.
Cataluña ha mostrado su disposición a dialogar con el Gobierno central sobre el informe de la CORA, pero también ha mostrado su disposición de llevar a los tribunales lo que considera una «modificación encubierta de la Constitución».
En Canarias, aunque el PP ha pedido su supresión, tanto CC como el PSOE defienden el mantenimiento de la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social por la función que desempeñan y porque en algunos casos se tratan de instituciones previstas en el Estatuto de Autonomía.
Castilla y León aprobó el año pasado una ley que modificaba la organización y funcionamiento de las cuatro instituciones propias de la comunidad, es decir Consejo Económico y Social (CES), Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas, y al mismo tiempo garantizaba su continuidad, aunque con menos gastos.
También Galicia -que ha tomado otras medidas como la reducción del número de diputados- se ha negado a suprimir órganos e instituciones como MeteoGalicia, Valedor do Pobo, Consello de Contas o Consello Consultivo por ser entes básicos de fiscalización y figuras centrales del autogobierno.
En Aragón, todos los grupos políticos se han manifestado a favor de la continuidad de la Cámara de Cuentas y de El Justicia, mientras que en Baleares, el presidente, José Ramón Bauzá, afirmó en junio del pasado año que no desaparecerán ni la Sindicatura de Comptes ni el Consell Consultiu, cuya «excelente labor» alabó.
La Comunidad Valenciana anunció en 2012 un plan para reducir todos sus organismos estatutarios, con el fin de garantizar su mantenimiento.
En el País Vasco, se aprobó en verano de 2013 un plan de reducción de un 20 por ciento del volumen total de la Administración pública en el que, desde el principio, el Gobierno Vasco descartó la supresión de órganos como el Ararteko o del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Navarra no ha suprimido ninguna institución autonómica ni afrontado el debate de forma oficial a pesar de que la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, que gobierna en minoría, ha defendido la conveniencia de reducir el número de parlamentarios forales y suprimir la figura del Defensor del Pueblo al menos temporalmente.