El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha denunciado la congelación de las entregas a cuenta a las autonomías y ha denunciado que, a su modo de ver, es «un chantaje para las comunidades autónomas vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado».

Ruiz Molina ha calculado que, debido a la congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha -que ya ha aprobado su presupuesto para 2018 en base a las estimaciones que el Gobierno central facilitó en julio- contará con más de 200 millones de euros menos de lo previsto.

Y ha acusado que «un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas este año sería responsabilidad del Gobierno de España, ya que ahora, con los presupuestos aprobados, comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses».

El consejero de Hacienda ha aseverado que el Gobierno central «no puede supeditar los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado».

«Además de una evidente deslealtad institucional, con esta decisión el Gobierno central está también atacando la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que no pueden estar supeditadas a que el Gobierno de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos», ha apostillado Ruiz Molina.

Las regiones gobernadas por el PSOE temen por sus cuentas

Las comunidades socialistas se han mostrado hoy indignadas ante los nuevos cálculos de Hacienda, que congela las entregas a cuenta de la financiación autonómica para 2018, por entender que se ponen en peligro sus presupuestos regionales, elaborados con pronósticos de ingresos más optimistas.Así, las autonomías gobernadas por el PSOE a que el Ministerio de Hacienda haya esperado a primeros de enero para enviarles una carta en la que se les comunica que las entregas a cuenta de 2018 son inferiores (hasta en 1.700 millones de euros) a las previstas en el mes de julio, calculadas entonces pensando en tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

La falta de acuerdo para aprobar los presupuestos de este año ha obligado al Gobierno a prorrogar las cuentas de 2017 de forma que no se puede llevar a cabo la mejora prevista en la financiación de las comunidades, según fuentes del Gobierno.

Pero no sólo las comunidades socialistas se quejan de los cálculos de Hacienda, también el departamento de Economía de la Generalitat catalana ve un «sinsentido» que el Ministerio de Hacienda pretenda recortar en 780 millones la financiación prevista para Cataluña en 2018.

Desde la Comunidad Valenciana, su presidente, Ximo Puig, ha señalado que el Gobierno de España «está jugando con fuego» al recortar 353 millones en la financiación autonómica.

Además ha criticado que el Gobierno vincule a los presupuestos la mejora de la financiación regional, algo que a su juicio es «una anomalía en el funcionamiento de las instituciones».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calculado que la congelación de las entregas a cuenta supondrá que la región -que ya ha aprobado su presupuesto para 2018 en base a las estimaciones de julio- una merma de 200 millones de euros.

Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que vincular las entregas a cuenta a la aprobación de los presupuestos es «un chantaje a las comunidades».

El Govern balear también ha emitido un comunicado para criticar y rechazar el recorte de 67,3 millones que aplicará el Gobierno a la financiación de las islas.

A la Junta de Extremadura, la medida le parece «poco correcta» ya que la financiación es «una medida extrapresupuestaria», es decir, que el hecho de que reciban menos dinero de las entregas a cuenta no debe estar sujeto a la aprobación de los presupuestos.

En concreto, Extremadura recibirá 137,4 millones menos lo que va a suponer, dicen, «un mayor esfuerzo» para sufragar servicios fundamentales.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha arremetido contra «el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos».

No obstante, han recordado que el presupuesto de la Junta está en vigor desde el 1 de enero.

Mientras comunidades gobernadas por el PP -como Castilla y León, Murcia o Madrid- ven en la reducción una medida temporal de la que esperan se salga en un plazo razonable.

Para la Junta de Castilla y León existe «tranquilidad» ante el anuncio de Hacienda y consideran que el «inconveniente» que pueda generar será temporal.

El gobierno de Murcia ha cifrado en 127 millones una reducción que esperan sea «coyuntural», por lo que, de momento, no van a tomar ninguna medida mientras que el ejecutivo de la Comunidad de Madrid pide a la oposición responsabilidad y que facilite los presupuestos.

Otras comunidades como Canarias, presidida por Fernando Clavijo (CC), ha cifrado en 186 millones menos la decisión de congelar las entregas a cuenta.

Una decisión, dicen, que no tendrá impacto en las islas porque el presupuesto se ha elaborado con criterios de prudencia.

«Unos 80 millones menos» recibirá Cantabria (gobernada por PRC-PSOE), ha dicho a Efe el consejero Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, quien considera que esta situación es «consecuencia» de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido «incapaz» de aprobar el PGE para 2018.

Ha reclamado que el ministro Montoro convoque de forma urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para «analizar las consecuencias que va a tener este problema».