El alcalde de Lagartera (Toledo), José Vicente Amor, del PP, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, tal y como dicta la sentencia que ha dado a conocer hoy el despacho Bermúdez Abogados, S.L.

Las dos granjas de Lagartera, motivo de la polémica

Una condena que se produce «por la intervención del alcalde en tres expedientes administrativos en los que además se ha producido sentencia, por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en contra del Ayuntamiento de Lagartera».

Los tres expedientes por los que ha sido condenado son los siguientes:

Uno, «por no haber cumplido la orden de clausura de la granja titular de Juan Andrés Igual Lozano, quien también fuera concejal del Ayuntamiento de Lagartera en la oposición y del mismo partido que el alcalde, clausura que fue dictada en 2011 por el anterior equipo de Gobierno pero que con el ánimo de favorecer a su compañero de partido no la ejecutó conscientemente. Para ello utilizó argucias jurídicas y administrativas, obligando a algunos vecinos a acudir a la vía judicial para materializar su clausura, que aún a día de hoy no se ha producido».

Dos, «por haber permitido la apertura de una granja que, cuando tomó posesión como alcalde, tenía expediente abierto por no disponer de licencia de obras ni de actividad y a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos».

Y tres, «por inventarse un supuesto procedimiento para declarar lesivos ambos expedientes y así no tener que cumplir lo acordado, conculcando la legalidad vigente».

Sentencia que, afirma el despacho de abogados, «hace justicia y demuestra que el actual alcalde, de una forma consciente, deliberada y arbitraria, ha intentado beneficiar a un exconcejal del ayuntamiento y compañero de partido en contra de la legalidad y de los intereses de los vecinos, que durante seis años llevan soportando olores, insalubridades y molestias de dos granjas, una de ellas que no debió permitirse su apertura y la otra que se debió clausurar en diciembre de 2011″.

La sentencia aún no es firme porque puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Toledo.