Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han respaldado hoy las medidas de ajuste anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por considerarlas necesarias para tratar de superar la crisis económica, mientras que las autonomías del PSOE creen que llevan a más recesión, paro y pobreza.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cumplido hoy las expectativas europeas al anunciar en el Congreso de los Diputados un drástico ajuste de 65.000 millones de euros a través de medidas como subir el IVA, bajar la prestación por desempleo, suprimir la deducción por vivienda y quitar una paga extra a los funcionarios.
Rajoy, quien ha admitido que hace «lo único que se puede hacer para salir de esta postración» sin preguntarse si le «gusta» y que toma medidas que le «duelen», ha encontrado en tiempos de dificultades el apoyo de los presidentes autonómicos de su partido.
De hecho, ha salido en su defensa su número dos en el partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien ha destacado que España cuenta con un «gobierno valiente» que toma medidas que, aunque «no sean populares», son las «necesarias» para superar la crisis y «la situación de estancamiento y deuda».
Algo menos explícito ha sido el apoyo de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien ha afirmado que todas las medidas económicas anunciadas por Rajoy «van en la buena dirección» excepto la subida del IVA, aunque ha dicho que si el presidente ha actuado así es porque lo exigía «la delicadísima» situación de España.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, cree que el presidente del Gobierno «ha estado a la altura» de la situación «dificilísima» del país y ha asegurado preferir un Gobierno «que se desgaste» tomando decisiones complicadas a otro que «intente mantenerse a pesar del desgaste de su país».
En el Ejecutivo valenciano han preferido esperar a conocer en profundidad la propuesta del Gobierno antes de pronunciarse sobre si eliminarán la paga extra de Navidad a sus funcionarios o si les retirará días de asuntos propios.
Por su parte, el presidente de Castilla y León, el también popular Juan Vicente Herrera, ha comparado los ajustes con un tratamiento «duro» que produce «dolor» pero que es «imprescindible» para curar la «grave enfermedad» de la economía española.
Casi las mismas palabras ha utilizado su homólogo balear, José Ramón Bauzá, para quien las medidas eran «imprescindibles y obligadas» pero quien ha apuntado que «no sería aceptable» que se les suspendiese la paga extra a los funcionarios y los políticos siguieran «viviendo en otra esfera».
Y ha mirado atrás el portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, quien considera que las medidas se han hecho «obligadas» por la situación que dejó el PSOE. «Tenemos que cumplir con nuestros compromisos europeos, hay que ajustar las cuentas públicas y el déficit y, para ello, hay que tomar estas medidas», ha subrayado.
Las propuestas son «difíciles» pero «ineludibles» para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuyo portavoz, Guillermo Martínez, ha asegurado hoy que apoya con «determinación y solidaridad» las medidas que afectan a los empleados públicos y a los ayuntamientos.
Y también ha animado a Rajoy el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, quien cree que el «momento obliga muchas veces a tomar decisiones que no van a aplaudir en las calles» y ha recordado que «para eso están los gobernantes, para tomar responsabilidades, sean cuales fueran».
Pero los apoyos que ha recibido el presidente del Ejecutivo de parte de las autonomías de su mismo color político se han convertido en acusaciones de improvisación en el caso de las gobernadas por los socialistas, y así, la consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha afirmado que los recortes llevarán al país a «más recesión, más paro y más pobreza».
«El PP habla de herencia recibida, pero habría que comparar la situación que dejó el Gobierno del PSOE con la situación en la que nos coloca la improvisación y el recorte permanente de las políticas de derechas», ha dicho la consejera vasca.
También ha denunciado la «injusticia social» que suponen las medidas de Rajoy el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, quien cree que hoy ha quedado confirmado que España está «tutelada o intervenida, en cierta manera» y quien ha pedido al Gobierno que no «derive el impacto de sus decisiones a las CCAA».
En Andalucía, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha pedido a los ciudadanos que se movilicen frente a los «ataques» del Gobierno central y que apoyen a sus instituciones autonómicas, que «ahora sufrirán las imposiciones del PP». Y ha lamentado que las medidas «vuelven a cargar contra los trabajadores, los parados, y las clases más débiles».
En Cataluña no se han valorado todas las propuestas por igual, ya que la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha aplaudido la rebaja salarial a funcionarios pero, en cambio, ha alertado de que el «modelo catalán» no pasa por reducir concejales y reforzar las Diputaciones.
En ese sentido, ha advertido de que se estudiará la letra pequeña de los anuncios de Rajoy ya que incluso no se descarta presentar un recurso si van en contra de las competencias y el modelo propio de Cataluña.
Y por último, tampoco ha gustado el anuncio al Gobierno de Canarias (CC-PSOE), cuyo portavoz, Martín Marrero, ha criticado la «improvisación» del Gobierno y ha dicho que, en el caso de estar obligados a aplicar la suspensión, descontará de esa rebaja el recorte del 5% que ya realiza a sus empleados en las nóminas de 2011.