Se ha mostrado clara y rotunda. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha exigido a los ayuntamientos de la región que hagan «un ejercicio de transparencia, que afloren sus deudas y presenten su Plan Financiero para que sus acreedores puedan cobrar». Como, afirmó, había hecho el Gobierno autonómico, «si yo no dijera la deuda de Castilla-La Mancha y los acreedores no pudieran cobrar por ello sería una irresponsabilidad». De ahí que emplazara a todos los alcaldes y a los presidentes de las cinco Diputaciones a que hagan lo mismo, «porque lo que antes quieren los proveedores es cobrar».
Cospedal hizo estas declaraciones ante los periodistas después de mantener una reunión con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) regional, Santiago Lucas-Torres, y firmar un convenio que tiene como fin ayudar a los municipios a llevar a cabo los trámites para que todos los acreedores se puedan acoger a la línea de créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial). Ayuda que incluye un número de teléfono (925 280 391) y una dirección de correo electrónico (financiaciondeuda@fempclm.es) para la atención personalizada y las consultas que los acreedores deseen realizar.
La presidenta de Castilla-La Mancha insistió una y otra vez en que si los ayuntamientos y las entidades provinciales presentan su Plan Financiero en el tiempo establecido, antes del 31 de marzo, «los acuerdos podrán ir a las líneas ICO y los acreedores cobrarán. Pero que digan claramente cuáles son las deudas que tienen pendientes. Tienen que hacer sus deberes, porque si no dicen la verdad los acreedores no podrán cobrar. Lo cual sería una falta de responsabilidad y estaríamos tratando muy mal a los empresarios de Castilla-La Mancha».
Y recriminó, de forma solapada, a aquellos ayuntamientos que ahora piden de forma continuada que el Gobierno regional les pague la deuda que tiene con ellos «pero antes de 2009 no demandaban ese cumplimiento a la Junta, que digan ahora claramente cuáles son las deudas que tienen pendientes».
Recordó que estas líneas ICO son una «operación excepcional del Gobierno de España a disposición de las pequeñas y medianas empresas, una línea de crédito de 35.000 millones de euros para que los acreedores puedan cobrar lo que les adeudan las administraciones públicas».
De ahí la «relación especial» del Gobierno regional con la FEMP, «para que los ayuntamientos ayuden a los pequeños proveedores para que éstos sepan cómo deben cobrar el dinero adeudado». Por lo que habrá además líneas telefónicas disponibles para ayudar a cobrar.
Mientras, Lucas-Torres destacó el «esfuerzo que ha hecho la presidenta de Castilla-La Mancha para sacar esta medida adelante, que en realidad es una gran solución para los pueblos y las ciudades, por lo que hoy los ayuntamientos están de enhorabuena».