La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, opina que la devolución de competencias «no es la solución» de los problemas autonómicos como las duplicidades administrativas y el endeudamiento, sino que sería traspasarlos a la administración central. «Es necesario eliminar todos aquellos órganos y entidades administrativas que no sean imprescindibles y aplicar medidas concretas y específicas para corregir los excesos que se cometieron en su momento» por mala gestión y gastar «alegremente», según la secretaria general del PP.
Entrevistados por La Razón, Cospedal y otros 14 presidentes autonómicos se muestran contrarios a la devolución de competencias excepto Esperanza Aguirre en Madrid, y atribuyen el endeudamiento a la gestión de gobiernos anteriores o a un déficit de financiación, según los casos.
En Madrid, Aguirre repite que es partidaria de devolver competencias si con ello se puede reducir el déficit del Estado y cumplir con los objetivos que marca la UE; asegura que el modelo de bienestar no está en riesgo, pero se requieren reformas y «adelgazar» la administración para conservar lo imprescindible.
Sobre el modelo autonómico, dice que «no ha servido» para lo que se creó: «integrar a los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña».
El lehendakari, Patxi López, comenta en un artículo que el Estado de las Autonomías ha sido útil para la solidaridad interterritorial y replica que también ha sido «eficaz» para dar una respuesta «razonable» a las tensiones nacionalistas latentes en algunos territorios como Euskadi, al tiempo que propone avanzar hacia el «federalismo cooperativo» al ser entrevistado.
Piensa que se debe intentar cumplir con el objetivo de déficit, pero «sin obsesión por los decimales», y augura que el modelo de bienestar desaparecerá si se siguen las políticas del PP.
El presidente de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, defiende los logros del Estado de las Autonomías, aunque necesita perfeccionarse para evitar duplicidades; añade que la reforma más necesaria es la de financiación, de cuyo déficit hace responsable del endeudamiento autonómico.
También rechaza «amenazas» de intervención de las CCAA que no cumplan el objetivo de déficit.
Sobre la educación, dice que es una inversión de futuro y la sanidad tiene «grandes márgenes de ahorro y eficiencia».
Alberto Fabra, el presidente valenciano, tampoco está a favor de reformar el estado autonómico, sino mejorarlo con una «nueva administración» más austera, más reducida, más flexible, más ágil y menos costosa y sin duplicidades y también atribuye el endeudamiento a que esta comunidad «está mal financiada desde hace décadas». Sobre le estado del bienestar, señala que algunos de sus aspectos están «sobredimensionados». Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, es partidario de que cada administración cumpla con sus responsabilidades, gestione sus competencias sin duplicidades, en coordinación con las otras y bajo un liderazgo nacional.
En Baleares, José Ramón Bauzá entiende que la situación económica obliga a revisar el modelo de gestión y defiende una «cartera de servicios bien definida y homogénea para todas las comunidades, mientras que en Murcia Ramón Luis Valcárcel también se alinea con la simplificación de estructuras administrativas y achaca también el endeudamiento a que no se han recibido de la administración central los ingresos que le correspondían por población.
Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, confía en la subsidiariedad de las administraciones sin duplicidades, habla de la «gestión insostenible» de tiempos anteriores y de la normativa diversa y excesiva que entorpece la competitividad. Por su parte, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, opina que las comunidades son la solución y defiende una financiación preferente, suficiente y estable para los servicios que presta.
José Antonio Monago, en Extremadura, habla de unos nuevos «Pactos de la Moncloa» para salir de la crisis entre todos y todo lo que no funcione deber ser susceptible de «ajuste».
Pedro Sanz, presidente del Ejecutivo de La Rioja, cree que el sistema vigente es «viable», aunque requiera determinados ajustes, como prestar los mismos servicios de calidad con menor coste.
En Cantabria Ignacio Diego anuncia «sacrificios» para corregir la situación «crítica» en que dejaron gobiernos anteriores, reclama la corresponsabilidad de las CCAA y propone racionalizar el número de empresas públicas.
En estas entrevistas de La Razón, Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, opina que los problemas de España no son tanto derivados del modelo autonómico, sino cómo han gestionado los recursos algunas comunidades; el presidente canario Paulino Rivero aspira a un mayor autogobierno y nuevas competencias en puertos, aeropuertos, costas o comercio exterior y apunta ajustes en el modelo de bienestar; y el presidente de Cataluña, Artur Mas, «no ha querido aparecer» junto al resto y no está el de Asturias porque aún no hay gobierno después de las elecciones autonómicas, según el periódico.