La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su delegada provincial en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha lamentado la decisión adoptada por la nueva alcaldesa de La Solana, la ‘popular’ Luisa Márquez, de suprimir los minutos de silencio por violencia machista que se venían realizando desde hace 12 años al inicio de todas las sesiones plenarias que se celebraban en el Ayuntamiento del municipio ciudadrealeño.
En una rueda de prensa celebrada este jueves y a preguntas de los medios de comunicación, Fernández ha afeado que Márquez califique los minutos de silencio de «actos proFernández ha afeado que Márquez califique los minutos de silencio de «actos propagandísticos» y ha asegurado que este tipo de conmemoraciones son «un acto de solidaridad y de justicia»pagandísticos» y ha asegurado que este tipo de conmemoraciones son «un acto de solidaridad y de justicia».
«Si se quiere suprimir un minuto de silencio, lo lógico es hablar con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de La Solana y establecer otras medidas u otros gestos que demuestren el compromiso social, político e institucional que todos decimos tener contra la violencia machista», ha comentado la delegada provincial de la Junta, que considera que «este tipo de actos son un aliento para las familias de las víctimas y para las propias víctimas».
En este sentido, Fernández ha destacado que «el silencio» empodera a «quienes no queremos empoderar», es decir, a los maltratadores.
Por todo ello, la delegada ciudadrealeña ha asegurado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha consideran que es «un error» suprimir este tipo de actos, pero «más error es tachar de propaganda los minutos de silencio», ha concluido Fernández.
Y también a la Diputación de Ciudad Real por…
Al hilo de la cuestión, Fernández también ha criticado al nuevo presidente de la Diputación de Ciudad Real, el ‘popular’ Miguel Ángel Valverde, por cambiar la denominación de la Casa de Acogida suprimiendo el nombre que está destinada para víctimas de violencia de género.
Fernández ha indicado que se trata de un «error político», ya que este recurso sirve para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género que se encuentran en una situación extrema.