El alcalde de Gerindote, Julián Morales, no tiene ninguna intención de dimitir sino de seguir pelando y acudir al Tribunal Supremo para remediar en la medida de lo posible los efectos de la sentencia por la que el TSJ de CLM le condena a pagar más de medio millón de euros a un particular por la enajenación de una parcela en el año 2006, tal y como ha informado hoy el diario “La Tribuna”.
“Ni voy a dimitir, ni voy a abandonar ahora ni voy a permitir que la gente de mi pueblo que lo necesite se quede sin comer”, dijo a encastillalamancha.es Julián Morales.
La propiedad recurrió la enajenación de la parcela realizada en 2006 para la construcción de instalaciones deportivas municipales. Tras el recurso de los propietarios, disconformes con el precio fijado por el Ayuntamiento, la Junta de Valoración tasó el terreno en 130.000 euros, según la información facilitada por el acalde. Los propietarios pidieron 300.000 y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha fallado que el Ayuntamiento de Gerindote debe pagar más de 500.000, una cantidad verdaderamente llamativa para un pueblo como este pequeño municipio toledano de la comarca de Torrijos.
Tras un farragoso proceso judicial de ocho años en el que el alcalde de Gerindote se ha sentido “indefenso”, la sentencia se ha declarado firme. «El pueblo va a tener que pagar, pero no nos hemos podido defender. Han valorado como suelo urbanizable residencial lo que es solo urbanizable pero para usos dotacionales (parques, instalaciones públicas, etc), en esa parcela nunca se hubieran podido construir viviendas», se lamenta el alcalde hablando con encastillalamancha.es.
Julián Morales se manifiesta absolutamente disconforme con la valoración y en estos días prepara con los abogados un recurso de amparo al Tribunal Supremo.
También ha explicado a este periódico que aunque no estaban conformes con el precio establecido judicialmente se intentaron buscar soluciones para pagar, como subastar parcelas y pedir un crédito. Dado el momento del mercado inmobiliario, solo se consiguió vender una de las parcelas del lote sacado por el Ayuntamiento. Y el crédito, solicitado tanto a entidades financieras como a la Junta, les fue denegado. También se ofreció un pago anual de 80.000 euros a la familia durante 8 o 9 años, para saldar la deuda, pero no se aceptó.
Difícil papeleta para el regidor gerindoteño, que, sin embargo, tiene muy claro que peleará hasta el final para poner remedio a una situación que considera injusta y “en la que el ayuntamiento se ha visto enredado sin poderse defender”.