El Ayuntamiento de Toledo hará gestiones para tener el informe de la Intervención General del Estado sobre el expediente de adjudicación del contrato de recogida de basuras en Toledo a una filial de Sacyr en 2007 y no descarta un expediente de lesividad, si se han perjudicado los intereses de la ciudad.
Así lo ha indicado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno, Rafael Perezagua, quien ha explicado que gestionará ante la Audiencia Nacional que se le envíe el informe que ha hecho la Intervención General del Estado a petición del juez Pablo Ruz, porque supuestamente a cambio del contrato se dio al PP una comisión de 200.000 euros, según el extesorero del partido Luis Bárcenas.
Perezagua ha comentado que, de lo que ha trascendido del informe, la Intervención General de Estado confirma que fue nulo el contrato suscrito con la empresa Sufi, filial de Sacyr, como ya había concluido el Grupo Socialista en el Ayuntamiento toledano, cuando analizó lo ocurrido.
Ahora quiere tener el informe para analizarlo pormenorizadamente, ha explicado Perezagua, que ha recordado que el Ayuntamiento ya le comunicó al juez Ruz que si de sus investigaciones se derivaban irregularidades que hubiesen sido lesivas para los intereses de la ciudad, van a actuar desde el ámbito penal.
Si las actuaciones son de tipo administrativo lo estudiarán, pero si se derivan cuestiones penales el Ayuntamiento de Toledo se personará en el procedimiento que se abra, ha precisado.
El portavoz ha apuntado que el Grupo Socialista ya determinó en su momento que el acuerdo alcanzado por la junta de gobierno local, cuando era alcalde José Manuel Molina, del PP, se adoptó «sin ningún informe técnico ni económico, suponiendo una modificación del contrato inicial cinco meses después de ser adjudicado».
En este sentido, no ha descartado abrir un expediente de lesividad, si de las diligencias del juez Ruz se desprende que las actuaciones de la junta de gobierno local fueron «tan negligentes» que perjudicaron a los intereses de los toledanos.
Perezagua ha apuntado que la apertura de expedientes de lesividad se decide en pleno y que son tramitados por la vía judicial.
«EL ACUERDO FUE NULO»
El equipo de gobierno municipal no tiene ninguna duda de que el acuerdo fue nulo, ha enfatizado Perezagua, que ha añadido que ahora «la cuestión es determinar si este hecho tiene que ver o no con la comisión de 200.000 euros que Cospedal recibió, según Bárcenas, para la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2007».
Por otra parte, ha justificado que el equipo de gobierno de PSOE e IU ratificara este acuerdo unos meses después, ya que lo hicieron por «responsabilidad» para evitar una huelga de los trabajadores, ya que «nos encontramos con una situación indigerible», que era «un auténtico desastre de gestión política y administrativa».
Sin embargo, la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha declarado que la información de la disponen constata que «ha quedado clarísimamente acreditado que no hubo ningún tipo de irregularidad en la tramitación del contrato».
A juicio de Alonso: «ha quedado demostrado cual ha sido la realidad y la verdad, que es lo que hemos mantenido siempre por parte del Partido Popular»