El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que va a pedir explicaciones a la Delegación del Gobierno por «ocultar a la opinión pública», según el Consistorio, el informe de la Fiscalía de Toledo que, en base a un informe de la Guardia Civil, exime al Ayuntamiento de la mortandad de peces ocurrida el pasado mes de junio. En una nota de prensa, el equipo de gobierno local valora positivamente dicha resolución y reprocha a la Delegación del Gobierno que lo haya «ocultado permitiendo así durante meses una campaña de difamación contra el alcalde».
En la misma nota, el Ayuntamiento sostiene que la resolución del fiscal «coincide con los argumentos defendidos desde el equipo de Gobierno, que siempre ha planteado que este episodio fue provocado por la mala calidad de las aguas del río y sus escaso caudal y no por el colector del Arroyo del Aserradero».
Sin embargo, agrega, «desde que se produjo el suceso, se han multiplicado los insultos y descalificaciones contra el alcalde de la ciudad, Emiliano García-Page, que ha sido acusado por representantes del PP de ‘matapeces’, ‘contaminador reincidente’ y de permitir un ‘atentado ecológico’ y de bordear el delito contra el Medio Ambiente».
Ahora, resalta el gobierno municipal, la Fiscalía archiva esta causa basándose en análisis elaborados, entre otros, por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), por lo que va a pedir al delegado, Jesús Labrador, explicaciones «por no atajar las descalificaciones que compañeros de su propio partido lanzaron contra Page a pesar de que las investigaciones del Seprona apuntaban al histórico deterioro del río Tajo.
El equipo de Gobierno considera que la resolución del fiscal pone de manifiesto «que el Tajo tiene un grave problema por la mala calidad de sus aguas y el escaso caudal con el que el llega a la capital regional, algo conocido y reclamado por los toledanos y que el Ayuntamiento espera que se aborde definitivamente en el próximo Plan de Cuenca».
A juicio del gobierno municipal, resulta evidente que «la verdadera responsabilidad sobre la mortandad de peces y el estado del río recae en la administración responsable de su gestión, la Confederación Hidrográfica del Tajo», por lo que «resulta incongruente que este organismo sea al tiempo juez y parte en las resoluciones», concluye la nota.