La Comisión de Investigación que ha venido analizando el conocido como caso «Porgesa», por el que se llevó a cabo el contrato del alumbrado navideño de 2014 por el anterior equipo de Gobierno municipal del PP, ha concluido que hubo contratación «fraudulenta y nula de pleno derecho».
La comisión, que se constituyó en enero del año pasado, ha finalizado el análisis de lo ocurrido en torno a la reclamación que presentó Porgesa, la empresa que se encargó de la iluminación decorativa para las fiestas de Navidad de ese año, que pedía que le abonaran más de 30.000 euros por la ampliación de iluminación que se hizo en distintas zonas de la ciudad.
El presidente de la Comisión, Francisco Javier Fernández Bravo, ha anunciado que, tras la presentación de las conclusiones por parte de los grupos políticos, se ha alcanzado un acuerdo de redacción única de las mismas por parte de los grupos Socialista, de Ganemos y de Ciudadanos, que se ha aprobado por mayoría.
Estas conclusiones señalan que se entiende acreditado que la concejal de Festejos en el momento de los hechos, Frasi López, reconoce que siguiendo instrucciones directas de la anterior alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y «a sabiendas de su ilegalidad y con evidente falta de respeto a la normativa vigente en cuanto al procedimiento de contratación administrativa, contrató arbitrariamente con la mercantil Porgesa la ampliación del contrato de alumbrado de Navidad.
En esta contratación se excedió el límite legal del contrato menor, 18.000 euros, pasando a efectuar un contrato de negociado sin publicidad, constituyendo su actuación «una clara arbitrariedad y desviación de poder».
Tanto la concejal y la anterior alcaldesa no sólo conocían que se estaban excediendo las cuantías del contrato menor, sino que la primera de ellas fue avisada por una funcionaria de lo que estaba realizando, «haciendo caso omiso» de sus reiterados avisos, lo que supone una «ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, adjudicando unilateral y arbitrariamente un contrato a una empresa que voluntariamente había decidido previamente».
La comisión entiende que la contratación administrativa es «absolutamente fraudulenta y nula de pleno derecho», debiendo el Ayuntamiento iniciar el oportuno proceso de nulidad, por lo que entiende que la empresa «debe reclamar, si lo estima oportuno, a la antigua concejala o a la anterior alcaldesa» esta cantidad de dinero.
En sus conclusiones, la comisión considera que ha «quedado perfectamente acreditado» que la actuación de la exconcejala de Festejos «fue dirigida y ordenada» por la anterior alcaldesa.
El presidente de la comisión de investigación ha asegurado que la actuación de la comisión «ha permitido esclarecer estos hechos que entendemos que son graves y suponen un ilícito absoluto, al saltarse a la torera los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Estado».
Ha concluido Fernández Bravo que las conclusiones serán elevadas a Pleno, al tiempo que ha señalado que la voluntad de los tres grupos municipales que han apoyado las conclusiones es llevar estos hechos ante la fiscalía y que sea el ministerio fiscal quien decida si hay algún tipo de responsabilidad penal o no la hay.