«El ahorro que puede suponer la reducción de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha no compensa respecto a lo que representará esta medida para el buen funcionamiento del Parlamento regional y para el correcto ejercicio de la función de control». Este era uno de los varios aspectos que de la reforma del Estatuto de Autonomía resaltaba el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Derecho Parlamentario, Javier García Roca, quien recientemente ha estado en Toledo para participar en el XXIV Seminario de Estudios Autonómicos organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, foro en el que protagonizó la ponencia «La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y los recursos previos ante el Tribunal Constitucional».
En su opinión, el ahorro que se conseguirá con la reducción del número de diputados no será mucho. Estima que es más importante esa función de control del Parlamento y que la división de poderes autonómicos sea equilibrada. A ello suma las menores posibilidades que tendrán las formaciones minoritarias a la hora de entrar en las Cortes autonómicas.
En declaraciones a encastillalamancha.es, el catedrático también se ha referido a la eliminación de las retribuciones de los diputados regionales: «El Tribunal Constitucional ha avalado esta medida que se adoptó en el año 2012 pero el problema viene al considerar si es o no oportuna, pues al haber menos diputados y que estos no cobren se puede transmitir a la sociedad un mensaje de que el Parlamento no funciona y de que las tareas de sus integrantes no son necesarias».
En términos generales, y en relación a la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, García Roca no ve con buenos ojos que solo haya contado en el Congreso con el voto a favor del Partido Popular. «Son textos que deben aprobarse con una mayoría muy amplia y por consenso» y es que, tal y como considera, «la democracia necesita consenso».
Por último, el director del Instituto de Derecho Parlamentario califica de positiva la proposición de ley presentada en el Congreso para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, que evitaría situaciones como la ocurrida en Cataluña cuando el Tribunal Constitucinal se pronunció sobre su estatuto después de que el texto fuera aprobado en referéndum. Entiende que el primer paso siempre debe ser que el Constitucional revise los estatutos de autonomía para que después estos puedan ser aprobados.
Esta nueva norma de recursos previos quedaría sin efecto en el caso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pues el PP ha introducido una disposición final a la proposición según la cual no se aplicaría a los estatutos que hayan iniciado su tramitación, tal y como es el caso del de Castilla-La Mancha. En este sentido, cree que «lo razonable es que la norma entrase en vigor inmediatamente» y que, por tanto, el Partido Popular debería eliminar esa disposición final.