El director general de Mayores, Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer, ha subrayado el «daño» que la Ley de la Dependencia ha hecho a las residencias privadas de mayores, ya que han pasado de tener el 5 por 100 de sus camas desocupadas en 2007 a un 30 por 100 hoy.
A preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en Toledo, sobre los conflictos laborales que se están produciendo en algunas residencias de mayores por impagos a sus trabajadores, García Ferrer ha explicado que hay «muchas» cuestiones en el origen de estos impagos y ha rehusado achacarlo en su totalidad a las deudas de la Junta.
«Donde hay conflicto no es porque nosotros no paguemos los salarios; es porque a esa cuestión, que efectivamente es un elemento, se introducen muchas otras que han llevado al sector a ciertas situaciones», ha dicho.
Ha enumerado, así, los alquileres «altísimos» que están pagando muchas de estas empresas y los «contratos leoninos que no pueden resolver».
Pero también se ha referido a las camas no ocupadas que tienen y que han pasado de un 5 por 100 antes de 2007 -cuando comenzó a aplicarse la Ley de la Dependencia- al 30 por 100 actual, ha dicho citando datos de las asociaciones de residencias.
En este sentido, ha declarado que las empresas que gestionan las residencias de mayores tienen un mercado de particulares, que contratan plazas, y otro complementario con las plazas públicas, y en Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas la Ley de la Dependencia ha hecho «mucho daño» a esa porción de mercado privado.
En todo caso, el director general de Mayores, Discapacidad y Dependientes ha asegurado que cuando se producen estos conflictos laborales la Junta está preparada «para tomar las medidas pertinentes para que lo que es mas importante, el dependiente, sea atendido».