El exconsejero de Obras Públicas Alejandro Gil ha reconocido que el Plan de Actuación Urbanística (PAU) de El Quiñón, en Seseña, «en su conjunto no estaba en condiciones de ser aprobado» por el Ayuntamiento, por los reparos existentes tanto en el PAU como en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI).
Alejandro Gil ha declarado hoy como testigo durante el tercer día del juicio que se sigue contra el exalcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, tres de sus hijos y dos promotores, a quienes se les imputa un presunto delito de blanqueo de capitales, por el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión para el primero y dos para el resto.
El que fuera consejero de Obras Públicas en 2003, cuando se aprobó el PAU de El Quiñón, ha reconocido durante el juicio que él tuvo conocimiento del PAU de El Quiñón a mediados de 2002, cuando el propio promotor, Francisco Hernando también conocido como «El Pocero», fue a presentarle el proyecto a la Consejería.
Sin embargo, ha dicho que ya no tuvo más conocimiento de este proyecto hasta noviembre de ese mismo año, cuando se supo que el Ayuntamiento de Seseña iniciaba la tramitación del desarrollo urbanístico.
Así, y preguntado por si era frecuente que los promotores acudiesen a la Consejería a presentar sus proyectos, Gil ha afirmado que en un periodo de expansión económica como el que se vivía en aquella época, «era frecuente que muchos promotores intentaran exponer sus proyectos ante la Junta de Comunidades», como lo hicieron otras empresas de envergadura, como Airbus y Eurocopter.
Sobre el contenido de la reunión, Gil ha explicado que el constructor le expuso los planos de El Quiñón, con el argumento de que era una solución para el elevado precio de la vivienda que existía en esos momentos.
Gil ha dicho que, en el encuentro, se limitó a decirle a Hernando que el proyecto tenía que tramitarlo a través del Ayuntamiento y que el «único papel» de la Consejería era comprobar la legalidad de lo realizado.
También ha reconocido que este asunto pasó por la Comisión Provincial de Urbanismo varias veces, puesto que había varios problemas que aconsejaban la no tramitación del PAU, porque había reparos en cuanto al PAU y al PEI, y aunque ha afirmado que a lo largo de la tramitación se subsanaron algunas deficiencias, ha dicho que no se corrigieron todas.
En su declaración, Gil también ha indicado que el 7 de mayo de 2003, un día antes de que el Ayuntamiento de Seseña aprobara el PAU de El Quiñón, le llamó el exalcalde para que le aclarara algunas dudas y le pidió que le anticipara por fax un informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, un trámite que, según ha dicho, era habitual.
También ha reconocido que el 6 de mayo se celebró una reunión en la Consejería de Obras Públicas, a la que asistió el entonces alcalde de Seseña, un asesor, Hernando y su hijo y el que fuera delegado provincial de Urbanismo, Santiago García Aranda, para abordar los pormenores del informe de la Comisión de Urbanismo.
En dicho encuentro, según Gil, se habló de los pormenores de los reparos de la Comisión de Urbanismo al proyecto, en cuyo informe decía que el PAU no debía ser aprobado porque no estaban subsanadas todas las deficiencias y porque no estaba aprobado el PEI.
Finalmente, ha dicho, el PAU se aprobó en 2003 y registrado en julio en 2004, si bien también ha desvelado que el sucesor de Marín en la Alcaldía de Seseña, Manuel Fuentes, de IU, le pidió, a través de varias carta personales, que levantara la suspensión del PEI.
Por su parte, la que era jefa de servicio de Urbanismo de la Delegación de Obras Públicas en 2003, Virginia Cavea, ha afirmado que era frecuente que los ayuntamientos aprobaran diversos proyectos urbanísticos condicionados a que se subsanasen deficiencias en los mismos.