El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en fijar la que será su «hoja de ruta» durante la legislatura, que estará marcada por alcanzar tres grandes pactos que hagan posible la recuperación económica y social de la región y que permitan lograr la regeneración democrática e institucional.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preside durante hoy y mañana la reunión que los integrantes del ejecutivo autonómico mantienen en el Palacio de Valparaíso en Almagro (Ciudad Real) para analizar, junto con los delegados de la Junta en las diferentes provincias, las que serán a partir de ahora las líneas maestras de trabajo.
El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en rueda de prensa, ha explicado a los medios de comunicación que estos dos días de trabajo servirán también para analizar los dos meses de trabajo del ejecutivo regional y hacer un análisis de la situación de la comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista organizativo, una vez que se han conformado todas las estructuras de las diferentes consejerías.
Martínez Guijarro ha explicado que uno de los objetivos de este encuentro es ver «cuál es la foto fija de la situación de la comunidad autónoma y, a partir de ahí, marcar los objetivos para la legislatura y su grado de cumplimiento».
En este sentido, ha advertido de que será importante ver cuáles serán las prioridades a lo largo de la Legislatura de los compromisos adoptados tanto en el programa electoral como de aquellos que García-Page incluyó en el discurso de investidura o los que han surgido fruto del acuerdo de Legislatura alcanzado con Podemos.
La priorización de estos compromisos, ha dicho Guijarro, saldrá también del diálogo que el Gobierno está dispuesto a mantener con los agentes sociales de la región, lo que supondrá, ha dicho, «un cambio radical en la forma de hacer las cosas» con respecto a lo que se venía realizando hasta ahora.
El vicepresidente del Gobierno ha subrayado que será fundamental en este mandado alcanzar un pacto por la recuperación económica, en el que a través de una serie de ejes se diseñe un cambio de modelo productivo y económico en la región.
A través de este pacto se impulsará el crecimiento económico sostenible en Castilla-La Mancha con el objetivo último de la creación de empleo y la mejora del sector productivo de la comunidad autónoma, ha explicado Martínez Guijarro.
Además del apoyo a sectores tradicionales, será fundamental, ha señalado el vicepresidente autonómico, buscar alternativas a la economía de Castilla-La Mancha, con la apuesta por sectores como la investigación, el desarrollo, la innovación, la internacionalización y la cualificación de las empresas y los trabajadores.
Otro de los grandes pactos tendrá como objetivo la recuperación social de los derechos de los castellanomanchega, para «se vuelvan a dar los índices de calidad en los servicios esenciales» como son la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.
Este pacto también hará posible la recuperación de derechos cerciorados durante los últimos años, incluyendo, ha dicho, «los derechos de los empleados públicos».
El tercer gran pacto que propondrá el Gobierno regional será para buscar la regeneración democrática e institucional, para lo que propondrá la aprobación de un nuevo estatuto de autonomía para Castilla-La Mancha.
Este nuevo estatuto, según el Gobierno regional, «debe incorporar como derechos todas estas cuestiones que han sido durante estos últimos años eliminadas».
Martínez Guijarro ha señalado que, de esta manera, lo que se tratará es de «preservar aquellos derechos sociales que son modificados a través de leyes en virtud de las tentaciones de los diferentes gobiernos».
Su inclusión en el estatuto de autonomía, ha señalado, hará posible que «ningún gobierno tenga la tentación de eliminar esos derechos y los ciudadanos de Castilla-La Mancha los tengan garantizados».
El Gobierno regional también cree importante modificar la normativa electoral de Castilla-La Mancha para que ningún gobierno pueda ajustar la normativa electoral a sus intereses electorales.
Así ha apostado por que exista una normativa «clara y pactada con todas las formaciones políticas».
También se apostará en este gran pacto por que exista una nueva Ley de Gobierno en la que se recoja un nuevo catálogo de incompatibilidades y dedicaciones exclusivas y se establezca el régimen, la estructura y el funcionamiento del Gobierno, además de medidas relacionadas en materia de transparencia.