El Gobierno ha aprobado hoy un plan de medidas extraordinarias para 536 entidades locales con problemas financieros, a las que se permitirá la concesión de anticipos en la participación de tributos del Estado por hasta tres años, así como fraccionar deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Entre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de hoy, que estarán condicionadas por un plan de ajuste, se encuentran además la ampliación del reintegro de las liquidaciones de 2008 y 2009, reducir o suspender temporalmente la retención de la participación de los ingresos del Estado y formalizar operaciones de endeudamiento.
Según la referencia del Consejo, los ayuntamientos con problemas que se acojan a este paquete de ayudas tendrán que reducir gastos de funcionamiento, financiar íntegramente el coste de los servicios públicos con tasas y no podrán aprobar medidas que supongan un descenso de la recaudación ni crear organismos nuevos.
De este modo, el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas «extraordinarias de apoyo a liquidez, de carácter temporal y voluntario» con el objetivo de hacer frente a los problemas económicos y poder cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras.
Los municipios que quieran acogerse al plan de ayuda tendrán que haber rendido cuentas y encontrarse en situación de ahorro neto y remanente de tesorería en los dos últimos años, elevada deuda con acreedores públicos y con una deuda generada por más de un millón de euros por préstamos concertados en el mecanismo de pago a proveedores.
Para acogerse a dichas medidas, los consistorios también deberán tener remanente negativo de tesorería para gastos generales de 2009 a 2011 así como una deuda por préstamos concertados en el pago a proveedores superior a un millón de euros.
Este último requisito está condicionado además a otros dos supuestos: que presenten mayor remanente negativo de tesorería para gastos generales en 2012 y remanente de tesorería para gastos generales en ese mismo año descontado del pago a proveedores, y además tengan deudas con acreedores públicos.
La referencia cifra en 536 los municipios que podrían acogerse a estas ayudas y añade que ellos, que suponen el 7,1 % del total de los consistorios españoles, 343 ayuntamientos cuentan con un máximo de 5.000 habitantes; 122 tienen un población de entre 5.001 y 20.000; 44 de entre 20.001 y 50.000; y 27 tienen más de 50.000 habitantes.
A las condiciones para optar a las ayudas se añade la prohibición de encadenar prórrogas de presupuestos por más de un año y la exigencia de la corrección de las provisiones de los saldos de difícil recaudación para tener una imagen fiel de la situación financiera de la entidad.
También se establece una posible intervención, mediante informe previo de carácter vinculante, de Hacienda en el proceso de elaboración de los presupuestos generales de los municipios en determinados supuestos y la obligación de adoptar un plan de saneamiento para entidades dependientes en desequilibrio financiero, que si no se corrige implicará su disolución en 2015.
Asimismo, tendrán que disolver en el plazo de tres meses las entidades dependientes o vinculadas de «segundo nivel» y la liquidez obtenida será vigilada en una cuenta bancaria supervisada por Hacienda.
Los municipios deberán presentar las solicitudes de las medidas a las que pretendan acogerse con un plan de ajuste y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dictará una resolución con las que resulten aplicables, así como la condicionalidad fiscal asociada.