«Es un reparto atípico y anómalo, en ningún lado del mundo se ha repartido en función de la riqueza, desde luego es la primera vez en España». El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto del impuesto a la banca, puesto que a pesar de que comparte el fin, muestra su «rechazo absoluto» porque cree que sienta un precedente que va en contra del principio de solidaridad y del reparto de la riqueza que marca la Constitución Española.
Sobre este recurso ha dado cuenta en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha explicado que interponen este recurso tras los informes favorables tanto de los servicios jurídicos como del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
«Es totalmente injusto»
Además, recurre el Ejecutivo de Emiliano García-Page por tres razones fundamentales: «Se ha aprobado a espaldas de las comunidades autónomas, debería ser una ley ordinaria y vulnera el principio de solidaridad», según ha remarcado el consejero.
Y es que este reparto se aprobó tras el pacto entre el PSOE y Junts, el cual cree Ruiz Molina que es «totalmente injusto», puesto que va a beneficiar a las comunidades más ricas como «Madrid y Cataluña».
Castilla-La Mancha no recurre la sentencia por el montante que vaya a peder, sino por establecer ese criterio que no tiene en cuenta la redistribución ni el coste de prestación de servicios, por lo que el Ejecutivo regional defiende que se reparte por el criterio de población ajustada.
Según las estimaciones del Gobierno regional, con el actual criterio del reparto en función del PIB Castilla-La Mancha puede suponer 60 millones de euros, mientras que con el de población ajustada ingresaría unos 75 de los cerca de 1.500 millones que se pueden ingresar en todo el país, por lo que la región perdería unos 15 millones.
Los motivos del recurso
En primer lugar, Ruiz Molina ha explicado que va en contra del principio de la Ley de Financiación Autonómica, puesto que esta establece que los repartos se tienen que consensuar con las regiones, y que para eso se creó el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De este modo, ha incidido en que «no se ha respetado la autonomía financiera», por lo que sería contrario al artículo 156.1 de la Constitución.
En segundo lugar, el consejero ha explicado que la norma cambia los criterios de reparto de tributos, por lo que debería haberse tramitado como una reforma de la Ley de Financiación Autonómica.
Y en tercer lugar, el Gobierno considera que «es inconstitucional esta ley en la medida que el criterio de reparto vulnera el principio de solidaridad», así como la redistribución de la riqueza.