Tras las últimas críticas de la Generalitat Valenciana, en las que acusan al presidente castellanomanchego Page de «presionar» políticamente para frenar el trasvase del Tajo-Segura, el Gobierno de Castilla-La Mancha admite que estas presiones existen «para que se cumpla la ley y las cinco sentencias del Tribunal Supremo».
Así lo ha dicho a preguntas de los medios en una rueda de prensa, la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha reconocido que el propio Page quiere que se cumplan las cinco sentencias del Tribunal, así como las de las directivas europeas y el Plan Hidrológico aprobado y vigente, el cual asegura que es «urgentísimo» para que se modifiquen las reglas de explotación y cumplir con el caudal mínimo del Tajo.
«Sí, claro, estamos presionando para que se cumpla ley, y la Generalitat Valenciana y todas las administraciones públicas deberían hacer lo mismo. Darse prisa y hacer respetar cumplimiento de la ley de las cinco sentencias del tribunal supremo. Efectivamente», ha apuntado.
