Al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no le convence el sistema que ha aprobado el Gobierno de España para repartir entre las comunidades autónomas a los menores inmigrantes no acompañados y así lo ha vuelto a afirmar hoy. No es novedad, pero sí lo es que el Ejecutivo castellanomanchego está estudiando recurrirlo, porque, afirma Page, “es una barbaridad para arreglar el problema y mete a los menores en una dinámica más complicada de lo que parece”.
Page ha asegurado que de alguna manera la obligatoriedad de mantener plazas sin ocupar a la espera del cupo de acogida que le corresponda, y no solo de quienes estén o lleguen a su territorio, va en contra de las competencias de cada comunidad. “Nos aplican que tenemos que tener un cupo y llenarlo, no con los que hay en Canarias, sino con los que estén en el resto de España…”, ha explicado.
Una imposición a las comunidades autónomas
El presidente de la Junta, además, lamenta especialmente que el sistema se haya aprobado de forma unilateral por el Gobierno de España “sin haber hablado con las autonomías y sin poner un euro el estado, es un atropello lamentable”. “El Estado practica mucho la política esa de yo invito y tú pagas”, ha concluido.
