El Gobierno ha abierto el pasado año 61 expedientes en Castilla-La Mancha por manifestaciones que no se comunicaron, estaban prohibidas o se suspendieron por alguna irregularidad e impuso otras tantas sanciones por valor de 18.991 euros, a una media de 311 euros por infracción.
Estos datos figuran en una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Antonio Trevín sobre el número de expedientes incoados desde 2009 hasta 2013 por infracción del artículo 23 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Se trata de infracciones relativas a la celebración de reuniones en lugares de tránsito publico que no habían sido comunicadas previamente o que habían sido prohibidas, así como de la negativa a disolver las manifestaciones ordenadas por la autoridad competente. En los últimos cinco años se han impuesto 1.936 sanciones por valor de 1,3 millones de euros, si bien más de la mitad de las multas fueron en los últimos dos años: 490 en 2012 y 542 en 2013.
Por comunidades autónomas, Andalucía y Navarra se sitúan a la cabeza en número de sanciones el pasado año, con 189 y 129, respectivamente, seguida por Castilla-La Mancha, con 61, frente a ninguna en La Rioja y Ceuta y una en Murcia y otra en Baleares.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de expedientes abiertos por infracciones en manifestaciones en 2013, las sanciones impuestas, la cuantía total de las misma y el importe medio por sanción.