La nueva ley tendrá un principio básico, que es el de la responsabilidad de los gestores ante su propia gestión, lo que permitirá establecer, en el caso de que haya irregularidades, que los responsables tengan que responder desde el punto de vista administrativo.
Hablamos del anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y que, tal y como ha explicado el consejero de Presidencia y Admistraciones Públicas y Portavoz del Ejecutivo, Leandro Esteban, permitirá que los gestores públicos que «gasten sin ningún tipo de rigor» respondan por la vía administrativa.
Este anteproyecto, que permitirá adecuar la normativa presupuestaria de Castilla-La Mancha a la de España, permitirá realizar un control de transparencia para evitar, tal y como afirmó, lo que ha ocurrido en anteriores Gobiernos de la comunidad autónoma a la hora de realizar y ejecutar los presupuestos, «que los ingresos se inflaban, había partidas que no tenían reservas y se gastaba sin rigor alguno. De ahí que esta nueva ley (que tendrá que ser aprobada en las Cortes regionales) «establezca, si se producen esos desfases, quiénes son los responsables administrativos y respondan por ello».
Aunque no por la vía penal a no ser que acudan de facto a los Tribunales de Justicia, «porque ése no es nuestro ámbito».
FONDOS DE CONTINGENCIA POR CAUSAS SOBREVENIDAS, COMO LAS CATÁSTROFES NATURALES
El consejero explicó que en la nueva ley habrá fondos de contingencia, «de refuerzo para posibles modificaciones, pero no vale cualquier modificación, tenerán que ser cuestiones sobrevenidas, como pueden ser posibles catástrofes naturales»; y una reserva para disminuir el endeudamiento neto de la comunidad autónoma.
Habló igualmente del principio del transparencia, por el cual «los ciudadanos podrán saber en qué se gasta su dinero, por lo que haremos accesible toda la información presupuestaria».
Y se establecerá un seguimiento y control dividido en varias fases. De ahí que antes del 1 de abril se remitirá un informe a las Cortes de Castilla-La Mancha en el que se especifique cuál es el grado de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.