El Gobierno regional ha puesto de manifiesto que acata la decisión de la Junta Electoral Central de multar a Emiliano García-Page con 1.500 euros por las cartas que envió a los desempleados durante la campaña. No obstante, y según han informado fuentes de la Junta, «no compartimos el criterio establecido».
«Hemos dado la instrucción para que en el futuro no haya ningún tipo de comunicación con la ciudadanía, en ningún periodo electoral, aunque las mismas sean para informar de decisiones y acciones de gobierno en beneficio común de la sociedad castellano-manchega, como consideramos en este caso», señalan estas mismas fuentes.
Recuerdan, además, que la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, cometió dos infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, «la primera en mayo de 2014 durante la campaña de las elecciones europeas», que le acarreó una multa de 1.500 euros; y la segunda en las pasadas elecciones autonómicas cuando se le suspendió un acto de presentación del Programa de Desarrollo Rural, «teniendo que abonar el Gobierno 4.313 euros a una empreas de montaje, luz y sonido».