El Gobierno de Castilla-La Mancha, en una carta firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, ha remitido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, en la que le comunica que en los próximos días será informado del día y hora para hacer inspección de sus instalaciones en el ejercicio de las competencias autonómicas, tras la polémica surgida esta semana en la que se ha dado a conocer que podría estar preparándose para albergar a inmigrantes.
En el escrito, se indica además que se abre audiencia a la empresa y se cita al propietario a acudir a la Consejería de Fomento para que alegue lo que estime oportuno y ponga en conocimiento de la Administración autonómica cuantas actuaciones se hayan realizado al respecto, «y que de hecho se están haciendo» en las instalaciones.
El Ejecutivo regional se reserva el derecho
Avisa el Gobierno de Emiliano García-Page que llegado el caso, se reserva el derecho de ejercitar la acción de restauración de la ordenación territorial y urbanística y cuantas otras acciones pudieran derivarse.
En la carta, argumenta el Gobierno regional, que ante la posibilidad de usar el aeropuerto como centro de acogida de inmigrantes, recibió una carta el pasado jueves de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real tras una visita «con objeto de comprobar si se estaba llevando a cabo algún tipo de actuación sin las debidas autorizaciones, constatándose que sí».
Se comprobaron actuaciones que «no parecen corresponder al uso propio de instalaciones de esa naturaleza». «En lo que compete a esta Consejería de Fomento, como máxima autoridad urbanística en la región, es mi deber recordarle que el aeropuerto se tramitó y ejecutó a través de un Proyecto de Singular Interés (PSI), estando los terrenos e instalaciones que comprenden el ámbito del PSI, sometidos a ambos instrumentos».
Posibilidad de expediente sancionador
Se abre de este modo la posibilidad de expediente sancionador en materia urbanística a la empresa propietaria del aeropuerto, si bien precisa que la competencia ordinariamente corresponde al Ayuntamiento, aunque el Gobierno regional se hace responsable.
El Gobierno regional quiere analizar unas posibles infracciones «en un ámbito territorial que excede la jurisdicción de un municipio, pues el PSI abarca terrenos no solo del término de Ciudad Real».
«De confirmarse los gravísimos hechos que se atestiguan por la Concejalía competente de Ciudad Real, de estar en curso ahora mismo, y de afectar a un ámbito no recepcionado por las administraciones locales, y afectar a varios municipios, nos vemos en el deber de asumir, al menos en este estadio embrionario del expediente sancionador, la competencia», explica el Gobierno regional, añadiendo que no hacerlo sería una irresponsabilidad.
«Aparente vulneración del ordenamiento jurídico»
Ve el Ejecutivo «una acuciante necesidad de esclarecer los hechos ante una aparente vulneración del ordenamiento jurídico, por la repercusión mediática que está provocando, por la preocupación en la sociedad en general, y en particular en el vecindario no solo de Ciudad Real, sino de los municipios aledaños al aeropuerto».
«Téngase en cuenta, además, las implicaciones que, de confirmarse las intenciones que se deducen de los medios de comunicación y de la comunicación girada por el Ayuntamiento, puede producir en la Administración competente sobre el territorio afectado en materia de agua, educación, asistencia social, transporte, y otros servicios básicos afectados», agrega la misiva.
El hipotético centro de acogida de inmigrantes «no encaja en el uso dotacional descrito en el PSI, al no ser un equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de los usuarios del aeropuerto».
«Se considera expresamente incompatible»
«El centro de acogida de inmigrantes no solo es que no tenga acomodo en los usos previstos, sino que se considera expresamente incompatible» según el plan director de la instalación. «Y, al parecer, expresamente, la entidad titular del aeropuerto estaría haciendo caso omiso a estas prescripciones».
Con estas premisas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ve «crucial» comprobar las actuaciones en el aeropuerto «para constrastar las informaciones con los hechos» para corroborar o descartar «al menos, dos infracciones urbanísticas», una grave y otra muy grave.
Posibles sanciones
Tal y como añade el Gobierno regional en la carta, las sanciones por infracción urbanística pueden ser contemplar «inhabilitación para desarrollar actividades con relevancia urbanística», expropiar los terrenos y demolir lo construido o ampliado para el centro de inmigrantes.
Cita en este punto el supuesto acuerdo de confidencialidad entre el aeropuerto y el Gobierno de España. «Los acuerdos de confidencialidad tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, que no obedecen a la aplicación imperativa de las normas y que, en su caso, se restringen a las relaciones comerciales que las partes puedan tener entre ellas».
La labor aquí del Gobierno autonómico consiste en actuar «en el ejercicio de sus competencias exclusivas reconocidas en el bloque de constitucionalidad del que forma parte el Estatuto de Autonomía, que implica el ejercicio de potestades administrativas frente a las cuales, la hipotética invocación de un acuerdo de confidencialidad, incluso con el Estado, no exime de poder estar incurriendo en una infracción más, al resistirse a dar información relevante en el curso de una investigación, obstruyéndola, llevada a cabo por autoridad competente».