La Junta de Castilla-La Mancha ultima un nuevo paquete de medidas para tratar de paliar la situación financiera de la comunidad, entre las que se incluye la supresión de la bonificación del Impuesto de Patrimonio.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima un nuevo paquete de medidas para tratar de paliar la situación financiera de la comunidad -que, según sus previsiones, terminará 2011 con un déficit del 9,7 por 100- entre las que se incluye la supresión de la bonificación del Impuesto de Patrimonio.
La revisión de la política fiscal, que podría incluir un mejor tratamiento fiscal al juego, es una de las medidas que prepara el Gobierno de Cospedal, que ayer decidió prorrogar el presupuesto de 2011 para todo 2012.
El Gobierno ultima un Plan Económico Financiero (PEF) que satisfaga al Ministerio de Economía y Hacienda, que debe autorizar a la comunidad a salir al mercado a conseguir financiación a largo plazo.
Financiación imprescindible para acometer el calendario de pagos prometido por María Dolores de Cospedal para pagar las más de 167.000 facturas pendientes a proveedores que encontró cuando llegó al Ejecutivo más las que se han ido acumulando en los últimos meses.
En cualquier caso, el Gobierno da por hecho que el calendario de pagos anunciado para finales de este año se retrasará unos meses.
Fuentes de la Consejería de Economía castellanomanchega apuntan que la negativa del actual Gobierno a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera desde julio ha impedido a la Junta presentar su plan, por lo que ahora harán falta al menos dos reuniones de ese órgano para que se le dé el visto bueno.
Sin embargo, el Ejecutivo regional trabaja en paralelo con entidades financieras y, de acuerdo con esas fuentes, tiene el compromiso de al menos una de ellas para avalar sus planes cuando haya que salir al mercado a buscar financiación.
Esas entidades ya conocen el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos presentado en agosto por Cospedal con medidas para ahorrar 1.815 millones de euros, al que ahora se sumará un nuevo paquete de medidas, que mañana anunciará la presidenta regional, por importe de otros 350 millones de euros.
Esa ampliación del ajuste responde a la bajada de las previsiones de crecimiento económico y al coste de la renegociación de la deuda a corto plazo en los últimos meses.
El primer plan de ajuste se hizo con una previsión del 2 por 100 y ahora se trabaja con una del 0,7 por 100, lo que se traduce en una merma en los ingresos que proceden del Estado de 225 millones (137 de ellos por el IVA), cantidad a la que se suman unos 100 millones más por el precio de la refinanciación.
Además, las Cortes regionales aprobarán esta tarde un proyecto de ley tramitado de urgencia por el que se ampliará el presupuesto de este año mediante créditos suplementarios por importe de casi 1.534 millones de euros.
Esa cantidad servirá para respaldar obligaciones contraídas para 2011 y años anteriores que no estaban soportadas por créditos.
En estas condiciones, el Gobierno regional cuenta con cerrar el año con un déficit del 9,7 por 100 del PIB (porcentaje similar al anunciado por el consejero, Diego Valle, en las Cortes hace un mes) y que, según las fuentes, está pactado con el Ministerio.
Castilla-La Mancha cerró el tercer trimestre con un déficit del 4,84 por 100, el más alto de España y, pese al ajuste, siete décimas mayor que el de junio, algo que el Ejecutivo achaca al cómputo de facturas que el anterior Gobierno había dejado sin contabilizar.
Y ha decidido centrar sus esfuerzos en el Plan Económico Financiero y prorrogar el presupuesto de 2011 para 2012 pese a que el primero tenía una previsión de ingresos «inflada», de acuerdo con la opinión del Gobierno.
La adaptación de esos presupuestos a la realidad se hará mediante modificaciones de crédito.