El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, David Marín, ha exigido públicamente la dimisión del presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, por considerar que «ha permitido que se dediquen recursos económicos públicos a mantener a ex cargos del PSOE» y que él es «responsable directo» de lo ocurrido. Con estas palabras se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha publicada hace escasas fechas en la que se declara nula la contratación de seis ex altos cargos del PSOE por parte de la Diputación Provincial.
Marín ha explicado que esta sentencia, que debería provocar «vergüenza y sonrojo» al presidente de la Diputación, anula la contratación de varios asesores de la Diputación, concretamente del asesor coordinador de presupuestos, Ángel Amador; del asesor coordinador de compras, Julián Nieva; del coordinador de deportes, Roberto Parra y de los secretarios de gabinete de área, Inmaculada Jiménez, Eduardo del Valle y Javier Vicario. En relación a Ángel Amador, el portavoz del Grupo Popular ha apuntado que cobraba el doble que el resto de asesores «asegurándose así una cantidad parecida a la que venía percibiendo como vicepresidente de la Diputación», de hecho, la propia sentencia del TSJCLM ha destacado este nombramiento sobre el resto.
Al PP no le consta que ninguna de estas seis personas tenga mérito o capacidad para ocupar estos puestos, son «enchufados» del PSOE, por lo que se demuestra que aquí «lo que realmente ha funcionado ha sido el dedo de Nemesio de Lara». Marín ha denunciado que los socialistas han intentado «meter por la puerta de atrás» a personas afines a su partido en plazas creadas «expresamente para colocar a estas seis personas que fracasaron en las elecciones municipales celebradas en 2011». Este hecho, a su juicio, queda reflejado en la sentencia mencionada anteriormente y en la que se expone textualmente que «de lo que se trata es de dar acomodo a determinados políticos que no obtuvieron el éxito esperado en determinadas contiendas electorales a nivel local o que, en cualquier caso, querían ser colocados por razones de afinidad política».
Estos seis puestos de trabajo, a cuyo nombramiento se opuso el Grupo Popular en el Pleno de julio de 2011, no eran necesarios para el buen funcionamiento de la Diputación Provincial, de hecho, a Marín no le cabe ninguna duda de que «si el PSOE no hubiera perdido la Junta de Comunidades, estarían cobrando con cargo a la misma».
La sentencia declara la nulidad de un acuerdo adoptado en Pleno, con los únicos votos a favor del Grupo Socialista, y revela, según Marín, «que se ha vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución Española y que se ha producido una infracción del principio de igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas».
Para David Marín, lo más grave es que la «colocación de estos seis políticos perdedores» se ha llevado a cabo en plena crisis económica coincidiendo además con los despidos que se han realizado en la redacción del diario Lanza y con los ya anunciados en la Unidad de Promoción y Desarrollo. Los propios funcionarios de la Diputación Provincial han manifestado en numerosas ocasiones su disconformidad e indignación por la contratación de estos «enchufados»·
David Marín considera que dicha sentencia «no debería ser recurrida para evitar mayores perjuicios económicos a la institución provincial y, además, por lo evidente de los razonamientos que contiene».
Entiende el PP que esta resolución afecta directamente y de lleno al máximo responsable de la Diputación Provincial y por entonces máximo responsable del PSOE a nivel provincial, por ello exige su dimisión y, si no lo realiza, pide al nuevo secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que se lo exija.