El juzgado de instrucción nº 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha ordenado investigar las cuentas bancarias de los responsables de Aguas de Alcázar entre 2005 y 2011, entre los que se encuentra el exalcalde y expresidente de Aguas de Alcázar, José Fernando Sánchez-Bódalo, por sobrefacturación en diversas obras superior al millón de euros.
Esta decisión, según ha explicado en un comunicado Ciudadanos por Alcázar (UCIN), se ha producido después de que el perito judicial nombrado por el Juzgado haya emitido un informe en el que se han analizado 13 expedientes de obras y que concluye que el importe total estimado de sobrefacturaciones asciende a 1.392.848 euros más IVA.
Entre las obras con sobrefacturaciones se encuentran la ampliación del Polígono Alces, la carretera CM 400 (donde se ubicó la escultura homenaje a Pablo Iglesias), o el proyecto de alumbrado del Paseo del Parque.
UCIN ha explicado que ante ese informe pericial la juez ha dictado providencia en la que, además, ordena expresamente que se averigüe el patrimonio de los imputados José Fernando Sánchez-Bódalo, Benito Montiel (concejal del Ciclo Hidráulico, vicepresidente de Aguas y director general de Industria) y Francisco Javier Azaña (gerente de Aguas), relativa a los ejercicios 2005 a 2011, ambos inclusive.
En la misma providencia, la juez, mediante oficio, requiere a la empresa Aguas de Alcázar y al Ayuntamiento para que envíe los extractos de todas las cuentas bancarias en el periodo 2005 a 2011, y ordena a la Consejería de Obras Públicas de la Junta que informe respecto de los importes que otorgó al Ayuntamiento mediante un convenio en materia de obras hidráulicas como consecuencia de las inundaciones de finales de mayo de 2007.
Además de estas tres personas, también hay dos técnicos municipales por presuntas certificaciones falsas, según ha confirmado a Efe el concejal de CXA responsable de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Mariano Ormeño.
CxA por Alcázar ha considerado que esta actuación judicial permitirá sacar a la luz pública «la posible corrupción instrumentada por Sánchez-Bódalo y que provocó no solo la quiebra de la empresa pública, sino de innumerables irregularidades que van desde la prevaricación administrativa, hasta la malversación de fondos públicos».
Estas actuaciones son consecuencia de la querella presentada por el anterior Consejo de Administración de Aguas de Alcázar en diciembre de 2012 contra los responsables de la empresa municipal por la mala administración de Aguas y presunta malversación de fondos públicos y delito societario.