El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha solicitado al Ayuntamiento de Toledo una serie de documentos relacionados con la adjudicación del contrato de recogida de basuras suscrito en 2007 con la empresa Sufi.
Este juzgado investiga la parte del caso Bárcenas sobre la adjudicación supuestamente irregular a Sufi de un contrato de basuras del Ayuntamiento de la ciudad en el año 2007 a cambio de una comisión al PP de 200.000 euros.
En la providencia dictada el 3 de febrero, de la que ha informado «eldiario.es» y a la que ha tenido acceso Efe, se solicita al Ayuntamiento de Toledo que remita íntegramente el acta de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007.
También se pide que, a dicho documento, se adjunte si lo hubiera, cuanta documentación se analizó o estudió por la Junta de Gobierno Local en dicha sesión.
Además, se solicita que se adjunte el expediente y la resolución administrativa que se dictó para declarar como «asunto de urgencia» la ratificación del protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Toledo, Sufi y el comité del servicio de limpieza.
Por último, el juez pide que se haga constar la forma y la persona que dio cuenta en la sesión a los integrantes de la Junta de Gobierno del contenido y las consecuencias del protocolo aludido y si se emitió una previa propuesta de resolución.
La providencia también cita a declarar como testigos a dos personas, una de ellas identificada como economista municipal, que deberán acudir a sede judicial el 28 de abril.
Este caso se instruye como una pieza separada del denominado caso Bárcenas, quien declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de Sufi para la campaña electoral autonómica de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
El juez Pablo Ruz, que fue quien acordó iniciar esta pieza separada, concluyó que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.
El magistrado determinó que no había elementos indiciarios suficientes que justificasen la investigación de aforados, motivo por el que envió esta pieza a un juzgado de Toledo y no al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM).