La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo responsable entonces era el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo y senador, Jesús Labrador, sancionó al responsable del sector autonómico de FSC-CC.OO. CLM, Ramón González, hasta en seis ocasiones con un montante total de 6.000 euros. Con la anulación de la última, las seis sanciones, hasta 3.000 euros tuvo que pagar, han sido anuladas y el dinero tendrá que ser devuelto por el Ministerio del Interior.
En esta última sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo ha ordenado a la Delegación del Gobierno, y por consiguiente al Ministerio del Interior -quien cobró la multa-, que devuelva los 500 euros a González, ya que había sido sancionado por ser «responsable de una concentración no autorizada» contra los despidos de interinos en la época del Gobierno de María Dolores de Cospedal y anula dicha resolución.
Durante la causa y según la sentencia, la Delegación del Gobierno privó a González «de medios de defensa» y le impuso la sanción «sin abrir periodo probatorio y sin practicar las pruebas testificales reclamadas por el responsable sindical», indica CC.OO. en un comunicado de prensa.
«En su afán por reprimir las lógicas, legítimas y más que justificadas movilizaciones de los trabajadores interinos en defensa de sus puestos de trabajo, al señor Labrador no le importaba saltarse a la torera una y otra vez el Estado de Derecho, eludiendo las más elementales garantías constitucionales y atropellando derechos tan básicos como el derecho de defensa», ha asegurado González tras conocer la sentencia.
[ze_summary text=»La instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma, al no hacerlo, causó indefensión al interesado»]La instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma, al no hacerlo, causó indefensión al interesado[/ze_summary]Además el sindicalista ha afirmado que le «duele y alarma la arbitrariedad con la que algunas personas, como el señor Labrador, son capaces de utilizar en su interés o en el de su partido las potestades que conllevan los cargos públicos que ocupan. Y alarma aún más que la tenebrosa Ley Mordaza del PP haya multiplicado las posibilidades de las autoridades administrativas para perseguir, reprimir y sancionar a su antojo».
Tras ese impedimento de defensa, el responsable de CC.OO. decidió poner un recurso contra la resolución de Ministerio en la que le multaban con 500 euros por «infracción grave en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana».
Para el magistrado que valoró el caso «resulta claro que la prueba testifical propuesta por el recurrente era completamente pertinente y la Instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma«. Al no hacerlo, «causó indefensión al interesado» y «a la vista de la reiterada jurisprudencia constitucional, vulneró su derecho de defensa».