La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha comparecido en la comisión correspondiente de las Cortes regionales para dar cuenta de cómo va a repercutir en su departamento el Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos.
La Consejería de Fomento va a ahorrar 150 millones de euros entre este año y el que viene con la suspensión temporal de la obra pública que no esté iniciada y la reconsideración de la que esté en ejecución.
Así lo ha manifestado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que ha comparecido en la comisión correspondiente de las Cortes regionales para dar cuenta de cómo va a repercutir en su departamento el Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos con el que el Gobierno regional se propone ahorrar más de 2.100 millones de euros.
La consejera ha insistido en que, dado el «enorme» nivel de endeudamiento heredado, ahora se trata de retrasar las obras para dar prioridad al pago de la deuda, y de reconsiderar aquellos proyectos que no sean rentables, porque, ha dicho, siempre hay que gestionar el dinero público teniendo en cuenta la rentabilidad económica y social de los proyectos.
En el caso de las autovías del IV Centenario, del Júcar y de La Sagra, García de la Calzada ha explicado que son proyectos que no solamente no son rentables sino que el Gobierno anterior había realizado estudios erróneos de previsión de tráfico, que estaba sobredimensionado.
Así, para la autovía del IV Centenario, que discurre por Ciudad Real y cuyo primer tramo Ciudad Real-Granátula de Calatrava, de 30 kilómetros, ya está ejecutado, mientras que está adjudicado pero sin empezar la obra del segundo tramo que llega hasta la A-4, se recomienda superponer una vía «de alta capacidad con un carril por sentido», ha dicho la consejera.
La autovía del Júcar (Cuenca-Albacete), que consta de seis tramos y solo dos están adjudicados pero sin empezar las obras, los estudios realizados por el nuevo Gobierno dan como conclusión que no es rentable por lo que se propone hacer un nuevo estudio para realizar una propuesta rentable económicamente.
En la toledana autovía de la Sagra tampoco están justificados algunos tramos del proyecto que se paralizan para ahorrar dinero público.
La Consejería de Fomento también va a revisar todas las actuaciones de refuerzo de la red vial.
En materia de infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, la consejera ha apuntado la falta de previsión de la gestión y el mantenimiento de las obras ejecutadas por la Junta, que ha llevado a que los ayuntamientos no puedan con esos costes.
El Gobierno regional, por tanto, ha dicho, va a hacer un «completo rediseño» al reajustar el convenio marco con diputaciones y ayuntamientos para las redes de saneamiento.
En vivienda y urbanismo, el ahorro vendrá de la mano de los ajustes en los alojamientos universitarios, del plan de mejoras urbanas que se va a dejar de ejecutar en cuatro municipios y de la anulación del convenio para el proyecto de singular interés de Hellín (Albacete).
Se suprime la ayuda autonómica por compra de vivienda, medida que, según la consejera, se debería haber adoptado ya hace un año, cuando la tomó el Ministerio, y que afectará a las viviendas que se empiecen a construir ahora, no a las ya levantadas.
Asimismo, Fomento ha desprogramado las 848 viviendas de protección oficial que no se han iniciado, del total de 1.600 previstas entre 2008 y 2012 según se comprometió el anterior Gobierno y de las que 600 están todavía sin vender.
La diputada socialista Rosa Melchor le ha reprochado a la consejera que no hiciera mención a los perjuicios que se va a causar a los ciudadanos afectados por la suspensión de las obras y que, en el caso de los de Ciudad Real, provincia por la que es diputada, veían en la autovía una posibilidad de futuro.
En ese sentido, Marta García de la Calzada ha respondido que siempre, pero con crisis mucho más, cualquier gasto público debe ser particularmente rentable en términos sociales, esto es: «que si se hace una carretera, debe de estar muy justificada por el tráfico, y si se hace cualquier otra obra pública, debe de haber una imperiosa necesidad que la reclame, no como ustedes que confunden necesidad con deseo».
Ha indicado que las proyecciones en infraestructuras viarias del gobierno socialista «no responden a los más elementales parámetros de eficiencia en el gasto público, de necesidad de la infraestructura ni de buena proyección, en definitiva, de no enterrar el dinero del contribuyente», ha subrayado la consejera.
Melchor ha vaticinado que la paralización de la obra pública provocará más cierres de empresas y trabajadores en el paro, en concreto, pueden ser 10.000 los que se vean afectados y vayan al paro por esas medidas, ha dicho.
El popular José Luis Teruel le ha espetado que es imprescindible el rigor en las actuaciones y manejar datos reales y «no necesidades ficticias como hacían ustedes».