El Partido Castellano ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo por la modificación del Estatuto de Autonomía y la posterior modificación de la ley electoral de Castilla-La Mancha, porque en opinión de esta formación «pone en grave riesgo la pluralidad de la Cámara autonómica, consagra el bipartidismo por la vía de la imposición, limita la democracia y supone que hasta un 20 por 100 de los votantes puedan no ver nunca reflejado su voto en la más mínima presencia parlamentaria, lo cual puede suponer una discriminación y una vulneración del derecho de igualdad».
Así lo expresa el PCAS en un comunicado difundido hoy, en el que también explica que acudir a la Defensora del Pueblo es una de las medidas que están llevando a cabo contra el “pucherazo que supone la reducción de diputados autonómicos”.
Concretamente la queja se debe a “la posible vulneración del derecho de igualdad y en la discriminación que puede suponer para miles de ciudadanos el que su voto no llegue a reflejarse nunca en las Cortes”. Y no descartan trasladar el asunto a las instituciones europeas a través del eurodiputado de la coalición Primavera Europa, Jordi Sebastià.
Además, el PCAS se dirigió a María Dolores de Cospedal, a las Cortes, al PP y al PSOE para pedir “una reunión junto a otros grupos minoritarios de la Comunidad, solicitud a la que Cospedal nunca contestó”. También propusieron enmiendas a la reforma del Estatuto cuando se trató en las Cortes Generales, “a través de Joan Baldoví, diputado de Compromís, en el Congreso; y en el Senado a través de Narvay Quintero, de Coalición Canaria.
“El Gobierno de Cospedal gasta millones de euros en pagar asesores políticos (hasta 7,32 millones de euros al año frente al ahorro de 400.000 € que supone la reducción de diputados”, señala el Partido Castellano, que también piensa que reducir diputados “supone entorpecer la labor de control al Gobierno”.