El pleno del Congreso de los Diputados rechazará hoy la toma en consideración de una proposición no de ley del BNG para suprimir las Diputaciones y que sus funciones las administren las comunidades autónomas y las entidades locales.
La iniciativa ha recibido el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP -con mayoría absoluta en la Cámara-, cuyo portavoz, José Alberto Martín-Toledano, ha argumentado que era inconstitucional, al pretender modificar la ley electoral general, y que contenía argumentos «insostenibles en términos jurídicos y políticos».
Todos los intervinientes, menos el del PP, han aprovechado también su turno para criticar el anteproyecto de reforma local del Gobierno.
Rosana Pérez, del BNG, ha señalado que la modificación de la ley local que pretenden es un paso previo a la supresión de las Diputaciones, instituciones decimonónicas que practican «la discrecionalidad y el favoritismo en el reparto de los recursos públicos».
Ha agregado que gestionan cerca de 7.000 millones de euros al año, de los que más del 63 por ciento lo dedican a gastos corrientes y ha puesto el ejemplo de las de Galicia, especialmente, la de Ourense, «la principal empresa proporcionadora de empleo» de la provincia -ha dicho-.
Joaquín Francisco Puig, del PSOE, ha indicado que apoyaban la iniciativa porque es un buen momento «para repensar» el papel de las Diputaciones, ya que en estos momentos de crisis económica, institucional y política es urgente la toma de decisiones y optimizar los recursos económicos.
Ha apostado por la obligación ética de optimizar los recursos, lo que no se puede hacer con unas instituciones «anacrónicas que adolecen de déficit democrático» y ha agregado que resetear las instituciones es fundamental para la salida de la crisis.
El portavoz de CiU, Carles Páramo, se ha referido a que «el mundo local anda revolucionado» por la «indefinición del Gobierno» y ha rechazado que la mayoría de los municipios incurran en despilfarro, al tiempo que se ha mostrado partidario de que las competencias de las Diputaciones recaigan en los municipios y autonomías.
Laia Ortiz, de Izquierda Plural, ha indicado que esas instituciones son las más alejadas de los ciudadanos y ha abogado por que las administraciones local y autonómica dispongan de más recursos.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha pedido la racionalización y el aligeramiento de las administraciones públicas; se ha referido a los «gastos injustificables» que tienen las Diputaciones, que, según ha opinado, «son de otro siglo» y un «nido de caciquismo y de clientelismo».