Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado con el apoyo del grupo parlamentario popular las cuentas generales de la Junta de Comunidades entre los años 2008 y 2010, si bien el PP ha indicado que lo hace como ejercicio de responsabilidad para permitir el normal funcionamiento de las instituciones.
El grupo parlamentario socialista, sin embargo, ha votado en contra de los dictámenes sobre las cuentas de estos años, emitidos previamente por la Comisión de Economía y Presupuestos, porque en estos se manifiesta el rechazo a la gestión económica realizada por el anterior Gobierno socialista.
Las resoluciones acordadas recogen que la aprobación de las cuentas generales se realiza sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse de las «deficiencias e incumplimientos» puestos de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas.
En la proposición aprobada del año 2010, incluso se propone que estas irregularidades puedan dar lugar a procedimientos de enjuiciamiento contable ante el Tribunal de Cuentas o a la depuración de responsabilidades en los órganos jurisdiccionales competentes.
El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha criticado que los presupuestos de 2008, 2009 y 2010 no se adecuaban a la realidad económica y social de la región y existía disparidad entre las previsiones de ingresos y los gastos.
Además, ha dicho que se «abusaba» de las deudas a corto plazo, se concedieron subvenciones sin reserva de crédito e incluso se bloqueó el acceso al reconocimiento de obligaciones.
Un «gasto desmedido», ha dicho Romaní, que ha añadido que estas prácticas «no produjeron ningún beneficio en la economía», pues el único indicador que creció fue el del empleo público.
En este sentido, ha afirmado que lo que sí provocó esta gestión fue la generación deuda, que tiene que pagarse con los impuestos futuros.
«El Gobierno del PSOE se ha gastado 10.800 millones de euros en impuestos de futuro y lo que se gaste en pagar esa deuda, no lo vamos a poder gastar en otras cosas», ha lamentado Romaní.
Frente a esta forma de gestión, Romaní ha situado la del actual Gobierno regional que «destierra esas prácticas» y devuelve «la credibilidad y la confianza a Castilla-La Mancha».
La diputada socialista Delfina Carrasco ha defendido, sin embargo, que durante estos años no se produjeron «ni abusos ni irregularidades».
Ha valorado la gestión realizada por el anterior Gobierno socialista y ha esgrimido diversos logros conseguidos durante esos años, como la firma del Pacto por Castilla-La Mancha, la creación de 12.000 contratos con los planes de choque o la presupuestación de planes de acción local por el empleo.
«No había ni dispendio ni despilfarro sino una caída de ingresos, pero también hubo un Gobierno que no escatimó en esfuerzos y luchó para todos», ha destacado.
Sin embargo, ha dicho Carrasco, ahora han desaparecido los planes de empleo, ha subido el paro juvenil en quince puntos, hay 54.000 parados más, se han cerrado el 30 por ciento de camas de hospitales y se han cerrado varios puntos de urgencia a partir de las ocho de la tarde.
Ante esta acusación del PSOE, el diputado del PP José Luis Tortosa ha respondido a Carrasco que la deuda es para «pagar a los proveedores o las facturas en el cajón» y ha acusado al Gobierno socialista de mentir en las cuentas públicas y, por ello, ahora «están desautorizados» para hablar sobre economía.
En cambio, el diputado del PP José Manuel Tortosa, ponente de los dictámenes, ha dicho que el PP da su voto favorable «haciendo un estricto ejercicio de responsabilidad para permitir el funcionamiento de las instituciones», pero ha dicho que «no debe ser interpretado como que el PP respalda la gestión llevada a cabo por anterior Gobierno».
Una gestión que ha calificado de «nefasta» en su aspecto económico y formal y que, a su juicio, supone «la expresión de profunda e imperdonable deslealtad» a Castilla-La Mancha.